En Argentina, podemos observar que, luego de una disminución entre los años 2002 y 2004, se inicia un nuevo ciclo creciente de inversiones públicas en la educación como porcentaje del PIB. Partiendo de un porcentaje del PIB del 3,16% en el 2004, se llega a 5,88% del PIB al término de once años. O sea, en el 2015 se logra acercarse al 6% del PIB, referencia acordada para este indicador por los Estados de América Latina y el Caribe para la región. Cuando se relaciona el gasto público en educación con el presupuesto total del gobierno nacional, durante todo el período analizado, estos gastos nunca alcanzaron el 20% del presupuesto total, valor de referencia acordado por los Estados de América Latina y el Caribe para la región. Asimismo, los años 2008 y 2009 registraron los valores más altos en el período analizado (el 16,68 y el 16,95%, respectivamente). Después de este período, estos gastos fueron disminuyendo de manera continua hasta el 2014, cuando llegaron al 13,97% del presupuesto total y se mantuvieron prácticamente estables en el 2015, cuando el porcentaje alcanzó el 14,1% [sigue leyendo].

Dimensión de esfuerzo financiero público

Para medir el esfuerzo financiero en educación, se toma el gasto público en educación en proporción al Producto Interno Bruto (PIB) y al presupuesto total de cada país.

La relación con respecto al PIB estima la prioridad macroeconómica que tiene el Derecho Humano a la Educación en cada país, evaluando qué proporción de los recursos disponibles se está destinando a financiarlo frente a otros compromisos sociales. El valor de referencia es un mínimo del 6% del PIB en los países de América Latina y el Caribe, establecido en el Marco de Acción para la Educación 2030 y acordado por los Estados de la región en la Reunión Regional de Ministras/os de Educación de América Latina y el Caribe en Lima, Perú (2014). Este compromiso consta en la Carta de Lima, declaración final del evento.

La proporción del gasto educativo dentro del presupuesto público total mide su prioridad política, al comparar los recursos destinados a garantizar el derecho a la educación con el total de recursos empleados para cumplir todas las obligaciones del Estado. Respecto a este indicador, los Estados de la región acordaron, en dicha Reunión Ministerial de Lima, el compromiso en invertir el 20% del presupuesto público total en educación, valor este que tomamos como referencia.

Gasto público en educación como % del PIB

  • Gasto público en educación

  • /

  • PIB

Fuente: Instituto de Estadísticas de UNESCO (UIS).

Fecha de consulta: 9 de julio de 2018.

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Datos en millones de dólares a precios corrientes. Fuente: Cálculo cruzado entre Estadísticas sobre Educación e Indicadores de Desarrollo Mundial – Banco Mundial.

Fecha de consulta: 9 de julio de 2018.

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Datos en millones de dólares a precios corrientes. Fuente: Banco Mundial – Indicadores de Desarrollo Mundial.

Fecha de consulta: 9 de julio de 2018.

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Panorama Regional

Gasto público en educación como % del Gasto Total

  • Gasto público en educación

  • /

  • Gasto público total

Fuente: Instituto de Estadísticas de UNESCO (UIS).

Fecha de consulta: 9 de julio de 2018.

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Datos en millones de dólares a precios corrientes. Fuente: Cálculo cruzado entre Estadísticas sobre Educación e Indicadores de Desarrollo Mundial – Banco Mundial.

Fecha de consulta: 9 de julio de 2018.

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Fuente: Banco Interamericano de Desarrollo (BID).

Fecha de consulta: 9 de julio de 2018.

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Panorama Regional

Dimensión de disponibilidad de recursos

En esta dimensión se miden los recursos que los gobiernos tienen disponibles anualmente, para garantizar el derecho humano a la educación a cada niño, niña o adolescente en edad escolar. Se estima con respecto a toda la población en edad escolar, de manera que se incluyen no solo aquellos/as que están matriculados/as en el sistema público, sino también los/as que están estudiando en escuelas privadas o se encuentran fuera del sistema, considerándose la pre-primaria, primaria y secundaria.

El valor considerado como el mínimo ideal para este indicador en América Latina y Caribe es de US$7.033,60, tomado como el promedio de este indicador para la mitad de los países de menores ingresos de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) en el año 2010, considerándose la medición en dólares PPP constantes de 2011.

Los 17 países de menores ingresos de la OCDE en el año 2010 son: Francia, Italia, Nueva Zelandia, España, República de Corea, Israel, Grecia, Eslovenia, Portugal, República Eslovaca, República Checa, Hungría, Estonia, Polonia, Chile. México y Turquía.

Disponibilidad de recursos por persona en edad escolar

  • Gasto público anual en pre-primaria, primaria y secundaria

  • /

  • Población en edad escolar (pre-primaria, primaria y secundaria)

Datos en dólares PPP a precios constantes de 2011. Fuente: Cálculo cruzado entre el Gasto en Educación calculado a partir del PIB (Banco Mundial – Indicadores de Desarrollo Mundial) y la población en edad escolar, según datos del Instituto de Estadísticas de UNESCO.

Fecha de consulta: 9 de julio de 2018.

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Datos en millones de dólares PPP a precios constantes de 2011. Fuente: Cálculos propios a partir de Instituto de Estadísticas de UNESCO y Gasto Público en Educación calculado a partir de PIB (Banco Mundial – Indicadores de Desarrollo Mundial). Incluye el gasto no localizado por nivel educativo.

Fecha de consulta: 9 de julio de 2018.

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Fuente: Instituto de Estadísticas de UNESCO.

Fecha de consulta: 9 de julio de 2018.

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Panorama Regional

Dimensión de equidad en el acceso escolar

El acceso a la educación debe ser igual para todas las personas, independientemente de su clase social o nivel de ingresos. Por eso, esta dimensión mensura a cada año los niveles de desigualdad en la asistencia escolar de los/las estudiantes. En esta comparación se tienen en cuenta los datos de jóvenes de 13 a 19 años de la quinta parte más rica y la quinta parte con menos ingresos de la población que vive en las zonas urbanas de cada país.

Como dato de referencia se asume una brecha cero, es decir, se espera que no haya diferencia entre las tasas de asistencia escolar de estudiantes con distintos niveles de ingreso.

Brecha de desigualdad en asistencia escolar

La primera columna (quintil 5) se refiere a la quinta parte más rica de la población analizada, y la segunda (quintil 1) corresponde al 20% con menos ingresos de la población analizada.

Fuente: CEPAL. Fecha de consulta: 9 de julio de 2018.

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Panorama Regional

Comentarios generales

Por Campaña Argentina por el Derecho a la Educación (CADE)

En el período analizado, se evidencia que Argentina ha realizado un esfuerzo considerable para alcanzar mejoras significativas en el financiamiento del derecho humano a la educación.

La profunda crisis económica, social y política en la que estuvo sumergida la Argentina en el período 2001-2002 marcó el fin de un ciclo político y el comienzo de uno nuevo, en el que los indicadores educativos analizados presentaran –luego de una brusca caída– tendencias a la alza. El ciclo fue nuevamente interrumpido en el 2010, para volver a subir lentamente hasta 2015.

Hacia el final del período analizado se alcanzaron metas de inversión educativa nunca vistas, con una tendencia creciente a partir del año 2004 (el año más crítico). El gasto disponible en educación por cada persona en edad escolar más que duplicó en el 2015 (2,5 veces más) respecto del 2004, año en el que se registraron los niveles más bajos de todo el período analizado.

El impacto positivo de estos esfuerzos se pone en evidencia en la construcción de una mayor justicia social educativa: las brechas de desigualdad fueron reduciéndose en forma significativa. Sin embargo, no se ha sostenido en el tiempo el compromiso de destinar el 20% del presupuesto público a la educación.

Asimismo, el informe “El derecho a la educación en Argentina: ¿Hacia dónde van las políticas educativas actuales?”, elaborado por la CADE, demuestra que los fondos públicos asignados a la educación como parte del presupuesto nacional del 2017 representaron una pérdida de participación del 13%, respecto al presupuesto del 2016. Eso significó una desvalorización del sueldo de las y los docentes, que se quedó el 16% abajo de la inflación el 2017.

El informe también identifica un recorte de recursos para programas socioeducativos, infraestructura escolar, actividades culturales e informatización de centros educativos, mientras que el gobierno pasó a gastar más con el pago de la deuda pública que con la educación. Para cada peso invertido en la educación en el 2017, se gastó 1,55 peso con los creedores del Estado.

Esto pone en evidencia que se requieren compromisos por parte de la dirigencia argentina para lograr que la educación sea verdaderamente una prioridad política y se garantice su adecuado financiamiento, sin retrocesos. Para ello, planteamos la creación de una nueva Ley de Financiamiento Educativo, que garantice los recursos suficientes y adecuados para realizar una educación inclusiva y de calidad con metas y plazos bien definidos.

Señalamos la necesidad de garantizar la inversión para este campo como prioridad social y política, para el sostenimiento en el largo plazo del conjunto del sistema educativo.