Cálculo de los indicadores principales

La primera dimensión (esfuerzo financiero público) refiere a la cantidad global de recursos que cada país asigna al sistema educativo público, como parte del presupuesto total del gobierno y de la riqueza nacional (Producto Interno Bruto, PIB). Los datos de estos dos indicadores (1- gasto en educación en relación al PIB; y 2- gasto en educación en relación al presupuesto público total) analizados en este texto, se obtuvieron de la base de datos del Instituto de Estadísticas de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UIS/UNESCO)[1]. En el caso de Cuba, el dato de gasto público total se tomó de la Oficina Nacional de Estadísticas e Información de la República de Cuba (ONEI) a partir de la variable “Consumo del gobierno e instituciones sin fines de lucro”, cuyo valor coincide con la variable “General government final consumption expenditure” del Banco Mundial, lo cual da consistencia al cálculo realizado. Además, la proporción de gasto en educación sobre gasto total se tomó también de la ONEI a partir de la división entre “Consumo final del gobierno en educación” / “Consumo del gobierno”.

En esta actualización, hemos incorporado un indicador del esfuerzo financiero público respecto de la EPJA a partir de los datos de GRALE. Esta encuesta ofrece un cuestionario estandarizado, con preguntas estipuladas, estandarizadas y monitoreadas por UNESCO, con lo cual es una fuente valiosa y pertinente de datos, e incluye una sección sobre financiamiento. Concretamente, hay una pregunta que consulta por el porcentaje del gasto público en educación se destinado a EPJA, ofreciendo un dato puntual, que permite recomponer información de otro modo ausente.

[1] La última consulta a dicha base de datos fue realizada el 4 de marzo de 2022, de manera que los datos del Sistema de Monitoreo del Financiamiento del Derecho Humano a la Educación en América Latina y el Caribe, así como este análisis, no incluyen cualquier actualización realizada en la fuente posteriormente a la fecha mencionada.

 

La segunda dimensión (disponibilidad de recursos) se centra en observar los recursos públicos disponibles para cada persona en edad escolar. Es una medida per cápita del presupuesto educativo disponible, teniendo en cuenta no solamente a quienes se encuentran en la escuela, sino también a aquellas personas que aún no han sido incorporadas al sistema educativo, considerándose los niveles de educación pre-primaria, primaria y secundaria. Las informaciones de esta dimensión se presentan en dólares PPP a precios constantes de 2017, y resultan de un cálculo cruzado entre el Gasto en Educación calculado a partir del PIB (Banco Mundial – Indicadores de Desarrollo Mundial) y la distribución porcentual del gasto educativo por los niveles pre-primaria, primaria y secundaria, según datos del Instituto de Estadísticas de UNESCO, dividiéndose posteriormente este valor por la población en edad escolar, según datos también del UIS/UNESCO[1].

Esta dimensión de disponibilidad de recursos tiene una incorporación ligada a la EPJA en su actualización de 2022. Sintéticamente, se toma el cálculo del esfuerzo financiero en EPJA –calculado en la dimensión anterior- valorizándola en dólares y se la prorratea (divide) entre la población joven y adulta que efectivamente asistió al sistema educativo formal. Este indicador puede interpretarse como la inversión del Estado en educación por persona adulta que se educó en el último año en el sistema formal obligatorio. Si bien esta aproximación sobreestima la inversión pública por persona –porque contabiliza la inversión en EPJA en todas sus formas, pero lo divide solo por la parte vinculada a la educación formal- ofrece una estimación puntual de utilidad. Tal como ocurrió con la dimensión de Esfuerzo Financiero, aquí los datos escasean, debido a la baja tasa de respuesta en GRALE.

[1] La última consulta a dichas bases de datos fue realizada el 10 de marzo de 2022, de manera que los datos del Sistema de Monitoreo del Financiamiento del Derecho Humano a la Educación en América Latina y el Caribe, así como este análisis, no incluyen cualquier actualización realizada en las fuentes posteriormente a la fecha mencionada.

 

La tercera dimensión, a su vez, aborda la perspectiva de la equidad en el acceso escolar, en particular observando la diferencia entre las tasas de asistencia escolar en la educación secundaria del quintil de ingresos más altos y del quintil de ingresos más bajos de la población de cada país. Esta dimensión trata de aproximarse a las desigualdades históricas que han operado en los sistemas públicos de educación de la región, debido, entre otras razones, a una inadecuada disponibilidad de recursos que garanticen el acceso a la educación en condiciones de igualdad para todas las personas. La información de asistencia escolar por rango de edad, zona y quintiles de ingreso se obtuvo de la base de datos de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL)[1]. Se considera al total de la población, y no sólo a la población urbana. En efecto, si lo que se está queriendo medir es inequidad, no considerar a la población rural (que, en general, se encuentra en una situación más vulnerable que la población urbana) sería subestimar el problema.

La dimensión de equidad cuenta tiene añadida en esta actualización de 2022 una variable ligada a la EPJA. Concretamente, la misma base de datos de CEPAL, que ya se utilizaba en el Sistema de Monitoreo del Financiamiento del Derecho Humano a la Educación para mostrar la asistencia de personas de 13 a 19 años según nivel económico, tiene disponibles datos para personas jóvenes y adultas de 20 a 24 años. Es decir, se puede utilizar el indicador “Asistencia escolar de ambos sexos por quintiles de ingreso per cápita del hogar, según grupos de edad y área geográfica”. Esta nueva variable nos permite evaluar si existen diferencias en el acceso a la educación por nivel de ingresos entre las personas que ya superaron la edad esperada de escolarización.

Finalmente, en 2022 se incorporó por primera vez dentro de la dimensión de equidad una variable ligada a las relaciones de género en este análisis. El objetivo de esta incorporación es monitorear si existen diferencias en la asistencia escolar entre niños y niñas y adolescentes en edad escolar en América Latina y el Caribe, como forma para detectar en qué medida éste es un problema de política pública. La equidad no solo es un problema de ingresos, sino que tiene diversas expresiones. Aquí, se opta por incorporar el componente de género, aunque sería deseable contar con otras formas de evaluar las desigualdades, como raza, grupo étnico, origen territorial, discapacidad – para los cuales lamentablemente no hay suficientes estadísticas en la región.

El nuevo indicador fue construido en base a datos de CEPAL. Se refiere a la cantidad de niñas y mujeres jóvenes entre 13 y 19 años que asisten a la educación secundaria por cada 100 niños y adolescentes varones de la misma edad. Según los estándares internacionales se considera que la asistencia escolar es equitativa en términos de género cuando la cantidad de niñas y adolescentes mujeres por cada 100 niños y adolescentes varones está entre 97 y 103[2].

[1] La última consulta a dichas bases de datos fue realizada el 15 de marzo de 2022, de manera que los datos del Sistema de Monitoreo del Financiamiento del Derecho Humano a la Educación en América Latina y el Caribe, así como este análisis, no incluyen cualquier actualización realizada en las fuentes posteriormente a la fecha mencionada.

[2] UNICEF (2020), “Gender and Education”, UNICEF DATA, disponible en https://data.unicef.org/topic/gender/gender-disparities-in-education/

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