Por Coalición Colombiana por el Derecho a la Educación y el investigador Jaime Vizcaíno

Con respecto a la variación del porcentaje del PIB que se ha gastado en educación en el período analizado, se puede explicarla por el periodo de revolución educativa del gobierno de Uribe Vélez, que priorizó el aumento de cobertura como estrategia educativa. Por su parte, a partir de 2009 se exige una mayor inversión en calidad, lo que hace aumentar el gasto educativo en 0,8% del PIB y mantenerlo alrededor de 4,5% hasta la actualidad.

A su vez, los datos de la dimensión de equidad reflejan las políticas de gasto del país, que se han concentrado en fomentar el acceso a la educación primaria, pero no a la secundaria, por lo cual los promedios de asistencia por quintiles de ingreso se han mantenido relativamente constantes a lo largo del periodo analizado.

Según el informe más reciente de la OCDE, “Colombia actualmente enfrenta dos retos cruciales: cerrar las brechas existentes en términos de participación y mejorar la calidad de la educación para todas y todos. Las desigualdades comienzan a temprana edad; muchos niños desfavorecidos nunca van a la escuela, o no empiezan a tempo o asisten a instituciones de menor calidad. Las diferencias resultantes en términos de nivel de estudios alcanzados son abismales. Las expectativas de vida escolar de las y los estudiantes con las peores condiciones de pobreza son de solo seis años, en comparación con 12 años de las y los más ricas/os; solo el 9% se matricula en educación superior, en comparación con el 53% de las y los pertenecientes a las familias más acaudaladas”.

Es importante subrayar que la pobreza y la desigualdad siguen siendo retos considerables para Colombia, donde el PIB per cápita es menos de la tercera parte del promedio de la OCDE: US$ 10.303 en cuanto a la paridad de poder adquisitivo (PPA) comparado con el promedio de la OCDE (US$ 35.453) y está muy por debajo del de México (US$ 17.125) (OCDE, 2014). Aproximadamente uno o una de cada tres colombianas/os vive en condiciones de pobreza (33%), una cifra mayor a la de cualquier país de la OCDE y considerablemente superior al promedio de la OCDE del 11% (OCDE, 2015). La desigualdad total, según el índice de Gini, es muy alta (0,539) y comparable con la de países como Haití, Honduras y Sudáfrica (Banco Mundial, 2015).

Asimismo, los altos niveles de informalidad laboral dificultan los esfuerzos para reducir la pobreza en el país. Aunque la tasa de empleo global de Colombia (76%) está ligeramente por encima del promedio de la OCDE (73%), casi el 70% de la fuerza laboral está empleada en la economía informal (OCDE, 2015b). La informalidad, además de limitar el acceso de los ciudadanos y ciudadanas a las prestaciones sociales, recorta la base tributaria del gobierno. Este fenómeno es particularmente alto en sectores como la agricultura y la construcción (OCDE, 2015). Mejorar las capacidades, los vínculos con el mercado laboral formal y generar sistemas de contratación laboral justos, serán importantes para reducir la informalidad, disminuir las desigualdades y fortalecer el crecimiento y la productividad.

Se hace necesario subrayar también que el conflicto interno colombiano ha tenido un impacto decisivo en todos los aspectos del desarrollo económico y social del país, incluida la educación. Los niveles de violencia han disminuido drásticamente; sin embargo, la tasa de homicidios del país (31 por 100.000 personas en el 2012) sigue siendo alta. Una cuarta parte de los municipios tuvo tasas altas de violencia en el 2013, amenazando la seguridad de las comunidades y las instituciones sociales, incluidas las escuelas y colegios.

La niñez, las familias y las comunidades de las áreas con altos índices de violencia y conflicto armado están expuestas a amenazas, muerte, reclutamiento forzado para la guerra y exclusión del sistema social y educativo (UNICEF, 2012). Las oportunidades educativas en zonas de conflicto y para las personas desplazadas son limitadas, y en algunas partes, nulas. Se estima que 5,7 millones de personas, en su mayoría indígenas o afrocolombianas, han sido desplazadas debido al conflicto armado desde 1985 (ACNUR, 2015). En 2013, se registraron como desplazadas/os cerca de 110.000 estudiantes, una cifra cuatro veces mayor que la del 2005 (MEN, 2015).