En Argentina, podemos observar que, luego de una disminución entre los años 2002 y 2004, se inicia un nuevo ciclo creciente de inversiones públicas en la educación como porcentaje del PIB. Partiendo de un porcentaje del PIB del 3,16% en el 2004, se llega a 5,88% del PIB al término de once años. O sea, en el 2015 se logra acercarse al 6% del PIB, referencia acordada para este indicador por los Estados de América Latina y el Caribe para la región. Cuando se relaciona el gasto público en educación con el presupuesto total del gobierno nacional, durante todo el período analizado, estos gastos nunca alcanzaron el 20% del presupuesto total, valor de referencia acordado por los Estados de América Latina y el Caribe para la región. Asimismo, los años 2008 y 2009 registraron los valores más altos en el período analizado (el 16,68 y el 16,95%, respectivamente). Después de este período, estos gastos fueron disminuyendo de manera continua hasta el 2014, cuando llegaron al 13,97% del presupuesto total y se mantuvieron prácticamente estables en el 2015, cuando el porcentaje alcanzó el 14,1% [sigue leyendo].

Dimensión de esfuerzo financiero público

Esta dimensión se refiere, por un lado, al gasto público en educación en relación al Producto Interno Bruto (PIB), y, por otro, al porcentaje del presupuesto total del país invertido en educación. Se presentan datos completos de la serie analisada hasta 2019.

En el primer caso, el indicador mostraba una tendencia ascendente a finales de los años 90 – producto de la caída del PIB sin un ajuste equivalente en materia educativa –, que se interrumpe en 2001. Luego de llegar a valores mínimos históricos en los años post-crisis – con 3.49% del gasto público en educación sobre el PIB en 2004 –, el indicador retoma la tendencia de crecimiento hasta llegar a un máximo de 5.78% en el año 2015. A partir de 2016 comenza a disminuir de nuevo. El indicador nunca alcanzó el valor de referencia del 6%.

Vale la pena recalcar, sin embargo, que el dato aquí utilizado es el que los Estados nacionales remiten a la UNESCO sobre gasto en educación con base en una metodología común. Esto puede producir leves discrepancias con otras mediciones. Concretamente, los informes que el Ministerio de Educación argentino presenta en este respecto incluyen, además de los recursos públicos destinados a educación, las partidas asociadas a Ciencia y Tecnología – que no están incluidas en la medición de UNESCO. Si bien esto no altera las tendencias presentadas, modifica levemente los valores. Considerando estos guarismos, en 2013 y 2015 se alcanzó la meta del 6%.

Respecto al gasto público en educación en relación con el gasto público total, se observa una serie descendente más constante, desde un máximo de 16.44% alcanzado en 2002 hasta un 12.53% en 2019. La tendencia es sistemática, con pocos años donde existen leves incrementos que no compensan la caída tendencial. En este caso, tampoco se alcanzó el valor de referencia de 20% en ningun momento.

Argentina no presentó datos sobre inversión en educación de personas jóvenes y adultas en el GRALE V (2022). Resulta de la mayor relevancia contar con estos datos de forma completa y por fuentes oficiales para futuras actualizaciones.

El Esfuerzo Financiero Público en educación se mide a través de dos indicadores:  a) comparación del gasto público en educación con el Producto Interno Bruto (PIB) de cada país; y b) comparación del gasto público en educación con el presupuesto total de cada país.

El primer indicador (gasto público en educación/PIB) estima la prioridad macroeconómica que tiene el Derecho Humano a la Educación en cada país, evaluando qué proporción de los recursos disponibles se está destinando a financiarlo frente a otros compromisos sociales. El valor de referencia adoptado es el 6% del PIB, establecido en el Marco de Acción para la Educación 2030 y ratificado por los Estados de América Latina y el Caribe en la Reunión Regional de Ministras/os de Educación de la región (Carta de Lima, 2014).

El segundo indicador (gasto público en educación/presupuesto público total) mide la prioridad política dada a la educación, al comparar los recursos destinados a garantizar ese derecho con el total de recursos empleados para cumplir todas las obligaciones del Estado. Respecto a este indicador, los Estados de la región acordaron, en dicha Reunión Ministerial de Lima, el compromiso en invertir en educación el 20% del presupuesto público total, valor que se toma como referencia.

En la última actualización de este Sistema de Monitoreo (2022), los datos de esos dos indicadores se obtuvieron de la base de datos del Instituto de Estadísticas de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UIS/UNESCO). En el caso de Cuba, el dato de gasto público total se tomó de la Oficina Nacional de Estadísticas e Información de la República de Cuba (ONEI).

En 2022, por primera vez, se ha incluido en esta dimensión una variable asociada a la Educación de Personas Jóvenes y Adultas (EPJA). El instrumento que se utiliza para este indicador es la pregunta sobre porcentaje del gasto público en educación que se destina a la EPJA (gasto público en EPJA/gasto público total en educación), disponible en el Informe Mundial sobre el Aprendizaje y la Educación de Adultos  V (GRALE V, según sus siglas en inglés), publicado en el 2022. En este caso no se adoptan valores de referencia, ya que no hay acuerdos internacionales sobre el tema. Asimismo, no todos los Estados disponibilizan dicha información en las bases de datos internacionales.

Panorama Regional

Gasto público en educación como % del PIB

  • Gasto público en educación

  • /

  • PIB

Fuente: Instituto de Estadísticas de UNESCO (UIS).

Fecha de consulta: 9 de julio de 2018.

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Datos en millones de dólares a precios corrientes. Fuente: Cálculo cruzado entre Estadísticas sobre Educación e Indicadores de Desarrollo Mundial – Banco Mundial.

Fecha de consulta: 9 de julio de 2018.

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Datos en millones de dólares a precios corrientes. Fuente: Banco Mundial – Indicadores de Desarrollo Mundial.

Fecha de consulta: 9 de julio de 2018.

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Panorama Regional

Gasto público en educación como % del Gasto Total

  • Gasto público en educación

  • /

  • Gasto público total

Fuente: Instituto de Estadísticas de UNESCO (UIS).

Fecha de consulta: 9 de julio de 2018.

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Datos en millones de dólares a precios corrientes. Fuente: Cálculo cruzado entre Estadísticas sobre Educación e Indicadores de Desarrollo Mundial – Banco Mundial.

Fecha de consulta: 9 de julio de 2018.

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Fuente: Banco Interamericano de Desarrollo (BID).

Fecha de consulta: 9 de julio de 2018.

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ALC: gasto público en EPJA como % del gasto total en educación

Gasto público en EPJA como % del gasto total en educación (por país)

  • Gasto público total en EPJA (por país)

  • /

  • Gasto público en educación

No hay datos suficientes para exibir

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Datos en millones de dólares a precios corrientes. Fuente: Cálculo cruzado entre Estadísticas sobre Educación e Indicadores de Desarrollo Mundial – Banco Mundial.

Fecha de consulta: 9 de julio de 2018.

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Dimensión de disponibilidad de recursos

Esta dimensión se refiere a los recursos disponibles anualmente para cada niño, niña y adolescente en edad escolar, matriculada/o o no, en la educación pública o privada. En Argentina, se observa un descenso constante en este indicador desde 2015. Con una tendencia levemente creciente entre 1998 y 2001, se observa una fuerte caída en 2002 y 2003, cuando llega al valor mínimo de la serie, con 1 845 dólares por persona en edad escolar. Desde entonces, presenta una tendencia ascendente hasta 2015, cuando llegó al valor máximo de 4,534 dólares por persona en edad escolar. Tras ese máximo, la tendencia se vuelve descendente hasta llegar en 2019, último año con datos disponibles, a un total de 3,512.12 dólares, lo cual representa un 47% de valor de referencia (el promedio de los recursos asignados por la mitad de los países de menores ingresos de la OCDE en 2018).

Argentina no presentó datos sobre inversión en educación de personas jóvenes y adultas en GRALE, lo que impide calcular la disponibilidad de recursos. Resulta de la mayor relevancia contar con estos datos de forma completa y por fuentes oficiales para futuras actualizaciones.

La dimensión de la Disponibilidad de Recursos se centra en observar los recursos públicos disponibles para cada persona en edad escolar. Es una medida per cápita del presupuesto educativo disponible, teniendo en cuenta no solamente a quienes se encuentran en la escuela, sino también a aquellas personas que aún no han sido incorporadas al sistema educativo.

Las informaciones de esta dimensión se presentan en dólares PPP a precios constantes de 2017, y resultan de un cálculo cruzado entre el Gasto en Educación calculado a partir del PIB (Banco Mundial – Indicadores de Desarrollo Mundial) y la distribución porcentual del gasto educativo por los niveles preprimaria, primaria y secundaria, según datos del Instituto de Estadísticas de UNESCO, y dividiéndose posteriormente este valor por la población en edad escolar, según datos también del UIS/UNESCO.

El valor considerado como referencia para este indicador en América Latina y Caribe es de US$ 7,469.63, tomado como el promedio de este indicador para la mitad de los países de menores ingresos de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) en el año 2018 (medición en dólares PPP constantes).

En la actualización de 2022 se incorporó un indicador sobre EPJA a la dimensión de Disponibilidad de Recursos. Para ello, se tomó específicamente el cálculo del Esfuerzo Financiero en EPJA – obtenido en la dimensión Esfuerzo Financiero Público –, valorizada en dólares y dividida entre la población joven y adulta que efectivamente asistió al sistema educativo formal de educación básica. Este indicador puede interpretarse como la inversión del Estado en educación por persona adulta que se educó en el último año en el sistema formal obligatorio. Vale resaltar que, si bien esta aproximación sobreestima la inversión pública por persona – porque contabiliza la inversión en EPJA en todas sus formas y la divide solo por la parte vinculada a la educación formal –, ella ofrece una estimación puntual de utilidad. Tal como ocurrió con la dimensión de esfuerzo financiero, aquí los datos escasean, debido a la baja tasa de respuesta de los países al Informe GRALE.

Panorama Regional

Disponibilidad de recursos por persona en edad escolar

  • Gasto público anual en pre-primaria, primaria y secundaria

  • /

  • Población en edad escolar (pre-primaria, primaria y secundaria)

Datos en dólares PPP a precios constantes de 2011. Fuente: Cálculo cruzado entre el Gasto en Educación calculado a partir del PIB (Banco Mundial – Indicadores de Desarrollo Mundial) y la población en edad escolar, según datos del Instituto de Estadísticas de UNESCO.

Fecha de consulta: 9 de julio de 2018.

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Datos en millones de dólares PPP a precios constantes de 2011. Fuente: Cálculos propios a partir de Instituto de Estadísticas de UNESCO y Gasto Público en Educación calculado a partir de PIB (Banco Mundial – Indicadores de Desarrollo Mundial). Incluye el gasto no localizado por nivel educativo.

Fecha de consulta: 9 de julio de 2018.

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Fuente: Instituto de Estadísticas de UNESCO.

Fecha de consulta: 9 de julio de 2018.

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ALC: Gasto público en EPJA por persona adulta en el sistema educativo formal

  • Gasto total en EPJA

  • /

  • Población joven y adulta que asiste a la educación formal

Dimensión de equidad en el acceso escolar

Respecto de la equidad por ingresos en el acceso a la educación secundaria, en el caso de Argentina los datos refieren sólo a la población urbana (una restricción de la encuesta que toma los datos), y tiene datos desde 1999 – solo falta el año 2015. Según se puede evaluar, entre 1999 y 2009 la brecha osciló en torno al 16%, teniendo ambos quintiles un acceso relativamente elevado en términos regionales comparados. Ese último año, de hecho, mostró la mayor brecha del período, de 16.8%. Desde entonces se produce una reducción de esta diferencia, llegando en 2014 a un mínimo de 7.3%. En el período 2016 a 2019 la brecha se vuelve a ampliar a un valor promedio de 12%. Al igual que en el caso de otros países, en el 2020 se observa una inversión de la tendencia: la asistencia escolar del quintil más pobre supera a la asistencia escolar del quintil más rico, en este caso en 5.9%. Si bien no hay información suficiente para definir las causas, muy probablemente la forma de computar las asistencias durante la pandemia tenga que ver con esta situación.

Respecto a la equidad por ingresos en la EPJA, Argentina muestra una brecha de 35.2% puntos entre quintiles en 2020, casi el triple que la brecha de personas en edad escolar, por encima del promedio regional. El 53.3% de las personas de 19 a 24 años del quintil más rico asistían a instituciones educativas –valor por encima de la media regional–, mientras que solo el 18.1% de las personas del quintil más pobre lo hacían –por debajo de la media regional.

Respecto a la equidad de género, se observa una asistencia equitativa entre niños y niñas estable a lo largo del tiempo. Para el año 2020, asistían a la escuela en Argentina 102,8 niñas por cada 100 niños.

El acceso a la educación debe ser igual para todas las personas, independientemente de su clase social o nivel de ingresos. La dimensión Equidad en el Acceso Escolar mide, a cada año, los niveles de desigualdad en la asistencia escolar de las y los estudiantes a partir de tres indicadores.

El primer indicador mide la Desigualdad de Asistencia Escolar entre quintiles, es decir, entre niños, niñas, asdolescentes y jóvenes de 13 a 19 años de la quinta parte más rica (quintil 5) y la quinta parte con menos ingresos (quintil 1) de la población en cada país. La información de asistencia escolar por rango de edad, zona y quintiles de ingreso se obtuvo de la base de datos de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL). Para este indicador, se consideró al total de la población, y no sólo a la población urbana, pues si lo que se está queriendo medir es inequidad, no considerar a la población rural (que, en general, se encuentra en una situación más vulnerable que la población urbana) sería subestimar el problema. Como dato de referencia se asume una brecha cero, es decir, se espera que no haya diferencia entre las tasas de asistencia escolar entre estudiantes con distintos niveles de ingreso.

En el año 2022 se incoporaron por primera vez al sistema de monitoreo de CLADE dos nuevos indicadores: Desigualdad en asistencia escolar de personas jóvenes y adultas y Desigualdad de género en asistencia escolar. El primer indicador compara la asistencia escolar del quintil más rico (quintil 5) en relación al quintil más pobre (quintil 1), teniendo en cuenta a las personas jóvenes y adultas de 19 a 24 años. La base de datos utilizada para calcular el indicador es la misma de la CEPAL que se ha mencionado y el dato de referencia también es una brecha cero. Finalmente el indicador de equidad de género mide a la cantidad de mujeres por cada 100 varones entre 13 y 19 años que se encontraba asistiendo a clases en algún establecimiento de enseñanza formal. Según los estándares internacionales se considera que la asistencia escolar es equitativa en términos de género cuando la cantidad de niñas y adolescentes mujeres por cada 100 niños y adolescentes varones está entre 97 y 103 (UNICEF, 2020).

Panorama Regional

Brecha de desigualdad en asistencia escolar

La primera columna (quintil 5) se refiere a la quinta parte más rica de la población analizada, y la segunda (quintil 1) corresponde al 20% con menos ingresos de la población analizada.

Fuente: CEPAL. Fecha de consulta: 9 de julio de 2018.

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ALC: Desigualdad en asistencia escolar de personas jóvenes y adultas entre quintiles

Desigualdad en asistencia escolar de personas jóvenes y adultas entre quintiles (por país)

Porcentaje de población entre 19 y 24 años que asiste a la escuela, según quintil de ingresos (quintil 5 más rico, y quintil 1 más pobre). En el caso de Argentina se refiere sólo a población urbana.

Fuente: CEPAL. Fecha de consulta: 4 de septiembre de 2022.

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ALC: Desigualdad de género en el acceso escolar

Desigualdad de género en la asistencia escolar (por país)

Se refiere a la cantidad de mujeres por cada 100 varones entre 13 y 19 años que se encontraba asistiendo a clases en algún establecimiento de enseñanza formal. En el caso de Argentina, se refiere sólo a población urbana. Fuente: Construcción propia en base a CEPAL. Fecha de consulta: 18 de marzo de 2022.

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Comentarios generales

Por Campaña Argentina por el Derecho a la Educación (CADE)

En el período analizado, se evidencia que Argentina ha realizado un esfuerzo considerable para alcanzar mejoras significativas en el financiamiento del derecho humano a la educación.

La profunda crisis económica, social y política en la que estuvo sumergida la Argentina en el período 2001-2002 marcó el fin de un ciclo político y el comienzo de uno nuevo, en el que los indicadores educativos analizados presentaran –luego de una brusca caída– tendencias a la alza. El ciclo fue nuevamente interrumpido en el 2010, para volver a subir lentamente hasta 2015.

Hacia el final del período analizado se alcanzaron metas de inversión educativa nunca vistas, con una tendencia creciente a partir del año 2004 (el año más crítico). El gasto disponible en educación por cada persona en edad escolar más que duplicó en el 2015 (2,5 veces más) respecto del 2004, año en el que se registraron los niveles más bajos de todo el período analizado.

El impacto positivo de estos esfuerzos se pone en evidencia en la construcción de una mayor justicia social educativa: las brechas de desigualdad fueron reduciéndose en forma significativa. Sin embargo, no se ha sostenido en el tiempo el compromiso de destinar el 20% del presupuesto público a la educación.

Asimismo, el informe “El derecho a la educación en Argentina: ¿Hacia dónde van las políticas educativas actuales?”, elaborado por la CADE, demuestra que los fondos públicos asignados a la educación como parte del presupuesto nacional del 2017 representaron una pérdida de participación del 13%, respecto al presupuesto del 2016. Eso significó una desvalorización del sueldo de las y los docentes, que se quedó el 16% abajo de la inflación el 2017.

El informe también identifica un recorte de recursos para programas socioeducativos, infraestructura escolar, actividades culturales e informatización de centros educativos, mientras que el gobierno pasó a gastar más con el pago de la deuda pública que con la educación. Para cada peso invertido en la educación en el 2017, se gastó 1,55 peso con los creedores del Estado.

Esto pone en evidencia que se requieren compromisos por parte de la dirigencia argentina para lograr que la educación sea verdaderamente una prioridad política y se garantice su adecuado financiamiento, sin retrocesos. Para ello, planteamos la creación de una nueva Ley de Financiamiento Educativo, que garantice los recursos suficientes y adecuados para realizar una educación inclusiva y de calidad con metas y plazos bien definidos.

Señalamos la necesidad de garantizar la inversión para este campo como prioridad social y política, para el sostenimiento en el largo plazo del conjunto del sistema educativo.