Para Chile, según datos disponibles en la base del Instituto de Estadísticas de la UNESCO (UIS/UNESCO), en consulta realizada en 11 de mayo de 2020, podemos observar que hubo mejoras significativas en los indicadores gasto en educación en relación al PIB; y gasto en educación en relación al presupuesto público total, entre 2011 y 2017, año con datos más recientes del país para la dimensión "Esfuerzo financiero público", en la base mencionada que se adopta como fuente. En 2017, Chile alcanzó el nivel de 5,4% del PIB destinado a la educación. El porcentaje está aún por debajo del valor de referencia para este indicador, establecido por los Estados de Latinoamérica y el Caribe en 6% del PIB para la región. Sin embargo, la serie histórica muestra un crecimiento lineal desde 2011, cuando la inversión en educación correspondía a 4,02% del PIB. Lo mismo se puede observar con respecto al gasto público en educación como porcentaje del presupuesto total del gobierno nacional. Durante casi todo el período analizado en este estudio, los valores se mantuvieron por encima del 15%, pero por debajo del 20%, valor tomado como referencia por los Estados de Latinoamérica y el Caribe para este indicador en 2016. Entre 2011 y 2017, hubo un crecimiento constante en el porcentaje y se llegó a más del 21% en 2016, nivel que se mantuvo en 2017.

Dimensión de esfuerzo financiero público

Gasto público en educación como % del PIB

  • Gasto público en educación

  • /

  • PIB

Fuente: Instituto de Estadísticas de UNESCO (UIS).

Fecha de consulta: 11 de mayo de 2020.

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Datos en millones de dólares a precios corrientes. Fuente: Cálculo cruzado entre Estadísticas sobre Educación e Indicadores de Desarrollo Mundial – Banco Mundial.

Fecha de consulta: 11 de mayo de 2020.

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Datos en millones de dólares a precios corrientes. Fuente: Banco Mundial – Indicadores de Desarrollo Mundial.

Fecha de consulta: 09 de mayo de 2020.

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Panorama Regional

Gasto público en educación como % del Gasto Total

  • Gasto público en educación

  • /

  • Gasto público total

Fuente: Instituto de Estadísticas de UNESCO (UIS).

Fecha de consulta: 11 de mayo de 2020.

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Datos en millones de dólares a precios corrientes. Fuente: Cálculo cruzado entre Estadísticas sobre Educación e Indicadores de Desarrollo Mundial – Banco Mundial.

Fecha de consulta: 11 de mayo de 2020.

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Fuente: Banco Interamericano de Desarrollo (BID).

Fecha de consulta: 11 de mayo de 2020.

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Panorama Regional

Dimensión de esfuerzo financiero público

Los datos del sistema de monitoreo apuntan a desafíos para la región en lo que toca a la dimensión de “esfuerzo financiero público”, considerando el porcentaje de las riquezas nacionales que los Estados latinoamericanos y caribeños asignan al sistema educativo. De acuerdo a los datos más recientes del Banco Mundial, del Banco Interamericano de Desarrollo y del Instituto de Estadísticas de la UNESCO (UIS/UNESCO), de los 20 países de la región, sólo Cuba, con el 8,03% del PIB en el 2018; Costa Rica, con el 7,03% del PIB en el mismo año; Brasil, con el 6,24% del PIB en 2015; y Honduras, con el 6,08% del PIB en 2018, lograron alcanzar el valor de referencia para este indicador, de al menos 6% del PIB, como fue acordado por los Estados de América Latina y Caribe con la firma de la Agenda de Educación 2030.

Bolivia y Venezuela, con el 7,29% y 6,87% del PIB de inversión en educación, respectivamente, también alcanzarían el valor de referencia, pero los datos disponibles para los países en las plataformas internacionales consultadas están demasiado desfasados, datando de 2014 y de 2009, respectivamente, lo que dificulta saber si los Estados cumplen actualmente el nivel mínimo. Inclusive, no existían datos sobre los dos indicadores de la dimensión “Esfuerzo Financiero Público”, para Bolivia y Venezuela, en la base de datos de UIS/UNESCO consultada el 11 de mayo de 2020. Por tanto, para realizar un análisis de los dos países se optó por mantener los datos anteriores del estudio para esta dimensión, consultados en la misma fuente el 9 de julio de 2018.

Argentina, con el 5,46% en 2017, y Chile, con 5,4% en el mismo año, presentaron datos próximos al valor de referencia. El peor resultado para el indicador fue de Haití, con una inversión de 2,78% del PIB en 2018, último año para el cual había datos disponibles del país en la plataforma de UIS/UNESCO.

Considerando las tendencias observadas en los últimos años para los 20 países analizados, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Guatemala, Nicaragua y Uruguay presentaron trayectorias de crecimiento del porcentaje del PIB invertido en educación, al menos según los datos disponibles. En Costa Rica, en especial, se observó un crecimiento de 4,92% del PIB en 2008 a 7,03% del PIB en 2018. Por otro lado, Cuba, Panamá y Paraguay presentaron tendencias de disminución en el valor en los últimos años y los demás países mantuvieron porcentajes más o menos estables a lo largo de los últimos años.

En lo que toca al indicador de gasto en educación como porcentaje del gasto público total, los Estados de la región se comprometieron en la Agenda de Educación 2030 a garantizar un mínimo del 20% del presupuesto público total para la educación. Alcanzaron o sobrepasaron este valor de referencia, con los datos más recientes para cada país, Chile (en 2016 y 2017), Costa Rica (desde 2003 hasta 2018), Guatemala (desde 2011 hasta 2018), Honduras (en 2014 y 2015) y Venezuela (2009). Costa Rica alcanzó el mayor porcentaje, con más de 26% del presupuesto público total invertido en educación en 2018, a pesar de que el valor disminuyó en relación a 2017, cuando el porcentaje pasó del 30%. Bolivia superó el valor de referencia en 2009 y 2010, cuando alcanzó un porcentaje de más del 24% de gasto en educación como porcentaje del gasto público total. Pero de ahí hasta 2014, presentó una tendencia a la baja y el gasto descendió a un porcentaje de poco más del 16% (16.84% en 2014).

La tendencia observada en este indicador para los últimos diez años, según los datos disponibles, es de crecimiento para Brasil, Chile, Costa Rica, Haití y Honduras. En el mismo período, el gasto en educación como porcentaje del gasto público total se mantuvo estable, con pequeñas variaciones al alza o a la baja de un año a otro, en Colombia, Ecuador, Guatemala, México, Panamá, Paraguay y Uruguay. Argentina, Cuba, El Salvador y Nicaragua tuvieron una trayectoria de disminución del gasto en educación respecto al presupuesto total en los últimos diez años. Por su parte, República Dominicana y Venezuela no tenían datos disponibles para el indicador en los últimos años.

Lee el análisis regional completo.

Gasto en Educación como % del PIB

Gasto en Educación como % del Gasto Total

Dimensión de disponibilidad de recursos

Disponibilidad de recursos por persona en edad escolar

  • Gasto público anual en pre-primaria, primaria y secundaria

  • /

  • Población en edad escolar (pre-primaria, primaria y secundaria)

Datos en dólares PPP a precios constantes de 2017. Fuente: Cálculo cruzado entre el Gasto en Educación calculado a partir del PIB (Banco Mundial – Indicadores de Desarrollo Mundial) y la población en edad escolar, según datos del Instituto de Estadísticas de UNESCO.

Fecha de consulta: 11 de mayo de 2020.

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Datos en millones de dólares PPP a precios constantes de 2011. Fuente: Cálculos propios a partir de Instituto de Estadísticas de UNESCO y Gasto Público en Educación calculado a partir de PIB (Banco Mundial – Indicadores de Desarrollo Mundial). Incluye el gasto no localizado por nivel educativo.

Fecha de consulta: 11 de mayo de 2020.

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Fuente: Instituto de Estadísticas de UNESCO.

Fecha de consulta: 13 de mayo de 2020.

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Panorama Regional

Dimensión de disponibilidad de recursos

El análisis regional de los datos disponibles en el sistema de monitoreo enseña aspectos preocupantes en lo que refiere a la dimensión de “disponibilidad de recursos”. De los 20 países de la región que se toman en cuenta en el sistema, ninguno ha logrado alcanzar el valor de referencia adoptado para esta dimensión, que es de US$ 6.899,4 (en dólares PPP constantes de 2017) al año por persona en edad escolar, correspondiente al promedio que la mitad de los países con menos ingresos de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) invirtieron por estudiante en 2016.

Los países que llegaron más cerca del valor de referencia, según los datos más recientes disponibles, fueron Costa Rica, que dedicó, en promedio, US$ 5.349,26 por cada persona en edad escolar en 2018; Chile, con el valor de US$ 4.441,27 en 2017; y Argentina, con el valor de US$ 4.089,42 en 2018. Otros dos países que presentaron valores de inversión por persona en edad escolar entre los más altos en la región fueron Uruguay (US$ 3.540,09 por persona en 2017) y Brasil (US$ 3.160,1 por persona en 2011), aunque en ambos casos los montos están por debajo de la mitad del valor de referencia. Bolivia, Haití y Venezuela no tenían datos suficientes para el cálculo del indicador y todos los demás países analizados invirtieron valores que correspondían a menos de un tercio del valor de referencia para esta dimensión.

Considerando los datos disponibles en las plataformas consultadas, El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua y Paraguay presentaban la situación más preocupante con respecto a esta dimensión, puesto que sus valores no alcanzaban ni un sexto del valor de referencia adoptado. El promedio de inversión por persona en edad escolar para preprimaria, primaria y secundaria, en estos países, fue respectivamente de: US$ 1.016,00 (en 2018), US$ 629,47 (en 2018), US$ 739,0 (en 2013), US$ 421 (en 2010) y US$ 1.064,85 (en 2016).

Por otro lado, es importante subrayar que se observaron incrementos progresivos en los valores en algunos países. Se destacan entre ellos: Costa Rica, que entre 2008 y 2018 pasó de un valor promedio de US$ 2.621,5 por persona en edad escolar en 2008 a US$ 5.349,26 en 2018. En el mismo período, Perú pasó de un valor de US$ 790,2 al año invertido por persona en edad escolar a US$ 1.694,66. Paraguay registraba un nivel de inversión de US$ 592 por persona en edad escolar en 2007, y alcanzó el monto de US$ 1.064,85 en 2018, mientras que Brasil más que dobló el valor entre 2004 y 2011, cuando el monto llegó a US$ 3.160,1. Sin embargo, estos países aún están lejos de proveer los recursos suficientes y necesarios para garantizar una educación de calidad y gratuita para todas y todos.

En general, se observaron avances para la dimensión de disponibilidad en la mayoría de los 20 países de la región. Las excepciones son Argentina, que interrumpió en los últimos dos años de la serie histórica (2016 y 2017) una trayectoria anterior de décadas de aumentos progresivos en los recursos públicos disponibles por persona en edad escolar; Costa Rica, que ha reducido el valor entre 2017 y 2018; y Ecuador, que ha reducido el valor entre 2014 y 2015, último año con datos disponibles para el país en esta dimensión.

Lee el análisis regional completo.

Recursos por persona en edad escolar

Dimensión de equidad en el acceso escolar

Brecha de desigualdad en asistencia escolar

La primera columna (quintil 5) se refiere a la quinta parte más rica de la población analizada, y la segunda (quintil 1) corresponde al 20% con menos ingresos de la población analizada.

Fuente: CEPAL. Fecha de consulta: 13 de mayo de 2020 para los años de 2000 a 2018 y 9 de julio de 2018 para los años 1998 y 1999.

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Panorama Regional

Dimensión de equidad en el acceso escolar

Un aspecto bastante preocupante en Latinoamérica y el Caribe es el impacto que la desigualdad de renta representa para el acceso a la educación en la región. Idealmente, no deberían existir diferencias de ningún tipo para la asistencia escolar entre franjas de la población con distintos niveles de ingreso. Para la dimensión de análisis “equidad en el acceso escolar”, el sistema de monitoreo utiliza datos de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), que revelan que hay diferencias significativas entre las tasas de asistencia escolar del quintil con ingresos más altos y del quintil con ingresos más bajos de la población, tomándose como base de comparación la población urbana en la franja de 13 a 19 años de edad.

Los datos analizados en esta dimensión muestran que Honduras, México y Uruguay presentan una marcada desigualdad. Estos tres países registran el quintil que tiene más altos ingresos, con una asistencia escolar superior en 15 puntos porcentuales o más a la del quintil con menos ingresos. En Uruguay la diferencia entre los niveles de asistencia escolar de los dos quintiles llegaba a 20 puntos porcentuales en 2018, en México a 18,8 y en Honduras, donde poco más de la mitad de las personas entre los 13 y los 19 años con ingresos más bajos tenían acceso a la educación, la diferencia llegó a 19,8.

Los otros países de la región que presentaban una brecha de acceso a la educación superior a 10 puntos porcentuales en 2018 eran Argentina (11,1), Colombia (13,9), Costa Rica (14,4), El Salvador (11,8) y Panamá (10,7). Ecuador fue el país que presentó la diferencia más baja entre los dos quintiles analizados en lo que toca al acceso a la escuela en 2018: 2,5 puntos porcentuales.

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Brecha de asistencia escolar

Comentarios generales

Por Foro por el Derecho a la Educación Pública de Chile

Se presenta un elevado nivel de privatización educativa en Chile, lo que incide en las tres dimensiones del Sistema de Monitoreo, en relación a que la disponibilidad de recursos por persona en edad escolar y el monto de las inversiones en educación en comparación con el PIB y el presupuesto público total no garantizan que los gastos educativos se realicen efectivamente en la provisión de educación para todas/os las y los estudiantes, en condiciones de igualdad y gratuidad.

Con la reforma neoliberal en la educación, instalada en el país durante el gobierno Pinochet, entre los años 1970 y 1980, y persistente hasta hoy, el aumento de recursos para la educación se ha hecho sobre una arquitectura que ha terminado entregando el monto asignado al campo educativo, para la gestión privada, sin mayor impacto para quienes más lo necesitan.

Respecto a los datos del UIS/UNESCO para la dimensión “Esfuerzo Financiero Público”, son relativos, ya que casi la mitad del gasto educativo en el país, actualmente, lo hacen actores privados – familias.

Además, el modelo de subvención y externalización de la educación en el país entrega el gasto educativo al sector privado, es decir, a empresas del campo educativo.

Sobre la dimensión “Disponibilidad de recursos”, las cifras disponibles en las bases de datos internacionales consideradas como fuentes del Sistema de Monitoreo no reflejan la realidad. La desigualdad y segregación educativa en el país se demuestran en que la subvención entregada por el Estado a un niño o niña que estudia en un colegio municipal de periferia es de apenas 150 dólares al mes, cuando en un colegio particular de elite el valor invertido por estudiante puede llegar a 2 mil dólares al mes.

Como Foro por el Derecho a la Educación Pública, entendemos que más allá de las dimensiones que hoy se analizan en el Sistema de Monitoreo del Financiamiento de la CLADE, habría que verificar cuánto de los recursos públicos de la educación hoy se destinan a fuentes privadas. También sería importante verificar cómo se distribuye el gasto, y asegurar que los mismos se repartan de manera justa e igualitaria.

Así mismo, el tema del acceso escolar se ha puesto en cuestión en el contexto de la pandemia COVID-19. Los porcentajes de asistencia escolar en el país se han reducido significativamente, particularmente en el ámbito público.

La educación en Chile hoy es una mercancía. Tiene dueños (Libertad de Enseñanza. Artículo 19. N°11) y tiene un precio o arancel por persona (DFL 2. MINEDUC) que el Estado paga a los establecimientos a los que asisten. Antes de 1981 las escuelas, liceos y universidades eran en su gran mayoría públicos y el Estado financiaba su funcionamiento con un presupuesto siempre creciente de acuerdo a sus necesidades de operación y planes de desarrollo. Desde 1981 el Estado deja de financiar a las universidades públicas que deben comenzar a cobrar aranceles a sus estudiantes para sustentarse. Para quienes no puedan pagar, el Estado garantiza créditos.

Al poner precio a la educación básica y media de cada estudiante, como ya lo hacían los colegios privados, las ganancias de los proveedores privados quedaban ocultas como si fuesen uno más de los costos de proveer educación. Se presumía que el lucro y la competencia era el costo de mejorar la educación. Se incorpora durante el primer gobierno de la Concertación el financiamiento compartido, es decir pagar las correspondientes mensualidades a los establecimientos, que también pueden seleccionar a sus estudiantes segregándolos por capacidad de pago, hasta el día de hoy porque la ley de inclusión de 2015 redujo pero no terminó con el copago.

Se hace competir a los establecimientos públicos entre ellos y con los privados por obtener matrículas, los que comienzan a administrarse bajo la lógica empresarial. Los servicios de alimentación y limpieza, los materiales educativos y las capacitaciones docentes, pasan a ser producidos y comprados por empresas privadas (endoprivatización de los servicios y bienes públicos).

El arancel que se paga a los establecimientos educacionales en la enseñanza obligatoria fue establecido de forma arbitraria y es insuficiente. En Chile no existen estudios sobre los costos actuales del funcionamiento de las instituciones educativas ni de los de una educación ajustada a derecho. La iniciativa que más avanzó en este sentido (Foro, OPECH, Centro Alerta, Fundación SOL y UNESCO), estimó con las comunidades, que los establecimientos municipales de San Joaquín el año 2014 tenían un 50% de déficit en su presupuesto anual, tomando en cuenta los estándares internacionales del derecho a la educación.

Sigue leyendo este análisis en el documento elaborado por el Foro por el Derecho a la Educación Pública, para analizar el financiamiento educativo ante el momento constituyente que tiene lugar en Chile.