Chile cuenta con datos disponibles completos para evaluar el financiamiento educativo tanto en relación al PIB como respecto del gasto público total desde 1998 a 2018, con excepción de dos años (2001 y 2012).

De esa información se puede comprobar la existencia de dos ciclos en el indicador, y un tercero aún abierto. El primer ciclo parte de una inversión del 3.34% del PIB en 1998, alcanza el máximo en 2002 (4.08%) y de allí desciende hasta 2006, cuando llega al valor mínimo de toda la serie, con 3.02% del PIB. Desde allí se inicia una nueva fase de crecimiento del indicador hasta 2009 (4.23%), seguida de una nueva caída hasta 2011 (4.05%). Como se ve, el segundo ciclo ocurre en valores más elevados que el primero. Desde 2011 en adelante, se visualiza un incremento en la inversión pública en educación como proporción del PIB, llegando en 2018, último año con datos disponibles, a 5.43%. Se trata de una tendencia favorable, que de continuar permitirá alcanzar la meta de inversión del 6%, que Chile no cubre ningún año bajo estudio.

Estas diversas oleadas de aumento en el gasto público en educación están fundamentalmente motivadas por las movilizaciones de estudiantes y profesores/as durante el período evaluado. No obstante, vale la pena resaltar que los nuevos recursos se distribuyen  por medio de mecanismos que favorecen al sector privado en desmedro de la cada vez más precarizada  educación del Estado.

Respecto del indicador que vincula el financiamiento educativo como proporción del gasto público total, se constata una tendencia global de incremento del esfuerzo del Estado chileno. Una primera expansión de la inversión va desde 1998 a 2003 – cuando llega a 17.64% del gasto público total -, año tras el cual el indicador se retrae. Desde 2005 en adelante, la expansión es más estable – solo en tres años hay leves disminuciones – llegando a un valor máximo de 21.38% en 2018. Desde 2013, Chile casi alcanza la meta del 20% y la supera desde 2016.

Chile es uno de los 8 países de la región que informó en GRALE qué porcentaje de su gasto educativo estuvo dedicado a educación a personas jóvenes y adultas. Invirtió el 6.8% de su gasto educativo, siendo el país de mayor inversión en la materia en la región, según GRALE V (2022). Resulta de la mayor relevancia contar con estos datos de forma completa y por fuentes oficiales para futuras actualizaciones.

Chile presenta datos para evaluar la disponibilidad de recursos por persona en edad escolar entre 1998 y 2018, con excepción de tres años (1999, 2001 y 2013). Esto permite constatar la existencia de una tendencia general al incremento, que se desglosa en cuatro momentos de aumento del indicador seguidas de una estabilización del mismo. De los 1,624 dólares por persona en edad escolar de 1998 se produce un aumento de cerca del 40% hasta 2003 – llegando a 2,298 dólares -, una nueva expansión de cerca del 50% entre 2006 y 2009 – llegando a 3,268 dólares por persona en edad escolar -, otra del 20% en 2012, y una más también de alrededor de 20% entre 2014 y 2018. Ese año se llega a 4,694 dólares por persona en edad escolar, casi tres veces el valor de dos décadas atrás. Con todo, aún está distante del valor de referencia, siendo cerca de dos tercios de lo invertido por los países más pobres de la OCDE.

No obstante, debe resaltarse que la distribución de recursos es muy desigual. El 30% de la matrícula de estudiantes en el sector estatal recibe poco más de 170 dólares al mes, monto que varía según diferentes criterios. Esto expresa que el promedio referido esconde una fuerte dispersión de valores, claramente sesgado por los elevados valores en el sector educativo privado.

Respecto de la disponibilidad de recursos para la educación de personas jóvenes y adultas, Chile es de los únicos 5 países de la región que presentó datos ante GRALE. Concretamente, Chile destinó 1,081 dólares por persona joven o adulta según lo consignado en GRALE V (2022). Si bien encabeza la inversión per cápita en la región, se trata de menos de un cuarto de los destinado a estudiantes en edad escolar, lo cual impacta en la equidad en el acceso (que pasa depender de recursos de los hogares u otras fuentes). Resulta de la mayor relevancia contar con estos datos de forma completa y por fuentes oficiales para futuras actualizaciones.

Chile presenta datos parciales en relación a la dimensión de equidad por ingresos en el acceso escolar a la educación secundaria: apenas 11 observaciones distribuidas en todo el período. Considerando esta apreciación fragmentaria, la tendencia parece orientarse hacia una reducción de la brecha entre quintiles de ingreso, partiendo de una diferencia de 15,9% en 1998 hasta un valor mínimo de 4.4% en 2020. Esta reducción de la brecha parece ser persistente desde 2006 en adelante, aunque la falta de más datos impide una apreciación segura. Chile muestra un acceso del quintil 1 relativamente elevado (84.9%) en términos regionales (73.7% en promedio).

Con todo, Chile es uno de los países más desiguales de Latinoamérica, y su sistema educativo es aún más desigual. La razón de este hecho es que se trata de uno de los sistemas educativos más privatizados de la región, lo cual favorece que la segmentación por nivel de ingresos. La extrema privatización y mercantilización de la educación en Chile es un factor de segregación y una fuente de desigualdades en las trayectorias laborales. La acción del Estado, en lugar de corregir esta inequidad, la refuerza a través de la asignación privilegiada de recursos públicos hacia la educación privada (OCDE, 2020). De este modo, se convierte en uno de los sistemas educativos más segregados del continente.

Respecto a la equidad por ingresos en la EPJA, Chile muestra una brecha de 25.3% puntos entre quintiles en 2020, casi seis veces la brecha de personas en edad escolar del mismo país y por debajo del promedio regional. El 69.4% de las personas de 19 a 24 años del quintil más rico asistían a instituciones educativas –valor por encima de la media regional-, mientras que solo el 44.1% de las personas del quintil más pobre lo hacían –por encima de la media regional.

Por otra parte, Chile mejoró su situación respecto a la equidad de género en el acceso escolar en los últimos 20 años, partiendo de una situación de inequidad de género en los primeros años de la década del 2000 a un indicador de 97,2 niñas y adolescentes mujeres cada 100 niños en el año 2020. Con todo, la inserción laboral posterior al egreso escolar así como la posibilidad de seguir estudiando una vez superada la edad escolar sigue manteniendo sesgos particularmente contrarios a las mujeres chilenas (OCDE, 2021).