Chile cuenta con datos disponibles completos para evaluar el financiamiento educativo tanto en relación al PIB como respecto del gasto público total desde 1998 a 2018, con excepción de dos años (2001 y 2012). De esa información se puede comprobar la existencia de dos ciclos en el indicador, y un tercero aún abierto. El primer ciclo parte de una inversión del 3.34% del PIB en 1998, alcanza el máximo en 2002 (4.08%) y de allí desciende hasta 2006, cuando llega al valor mínimo de toda la serie, con 3.02% del PIB. Desde allí se inicia una nueva fase de crecimiento del indicador hasta 2009 (4.23%), seguida de una nueva caída hasta 2011 (4.05%). Como se ve, el segundo ciclo ocurre en valores más elevados que el primero. Desde 2011 en adelante, se visualiza un incremento en la inversión pública en educación como proporción del PIB, llegando en 2018, último año con datos disponibles, a 5.43%. Se trata de una tendencia favorable, que de continuar permitirá alcanzar la meta de inversión del 6%, que Chile no cubre ningún año bajo estudio. Estas diversas oleadas de aumento en el gasto público en educación están fundamentalmente motivadas por las movilizaciones de estudiantes y profesores/as durante el período evaluado. No obstante, vale la pena resaltar que los nuevos recursos se distribuyen  por medio de mecanismos que favorecen al sector privado en desmedro de la cada vez más precarizada  educación del Estado. Respecto del indicador que vincula el financiamiento educativo como proporción del gasto público total, se constata una tendencia global de incremento del esfuerzo del Estado chileno. Una primera expansión de la inversión va desde 1998 a 2003 – cuando llega a 17.64% del gasto público total -, año tras el cual el indicador se retrae. Desde 2005 en adelante, la expansión es más estable – solo en tres años hay leves disminuciones - llegando a un valor máximo de 21.38% en 2018. Desde 2013, Chile casi alcanza la meta del 20% y la supera desde 2016. Chile es uno de los 8 países de la región que informó en GRALE qué porcentaje de su gasto educativo estuvo dedicado a educación a personas jóvenes y adultas. Invirtió el 6.8% de su gasto educativo, siendo el país de mayor inversión en la materia en la región, según GRALE V (2022). Resulta de la mayor relevancia contar con estos datos de forma completa y por fuentes oficiales para futuras actualizaciones. Chile presenta datos para evaluar la disponibilidad de recursos por persona en edad escolar entre 1998 y 2018, con excepción de tres años (1999, 2001 y 2013). Esto permite constatar la existencia de una tendencia general al incremento, que se desglosa en cuatro momentos de aumento del indicador seguidas de una estabilización del mismo. De los 1 624 dólares por persona en edad escolar de 1998 se produce un aumento de cerca del 40% hasta 2003 – llegando a 2 298 dólares -, una nueva expansión de cerca del 50% entre 2006 y 2009 – llegando a 3 268 dólares por persona en edad escolar -, otra del 20% en 2012, y una más también de alrededor de 20% entre 2014 y 2018. Ese año se llega a 4 694 dólares por persona en edad escolar, casi tres veces el valor de dos décadas atrás. Con todo, aún está distante del valor de referencia, siendo cerca de dos tercios de lo invertido por los países más pobres de la OCDE. No obstante, debe resaltarse que la distribución de recursos es muy desigual. El 30% de la matrícula de estudiantes en el sector estatal recibe poco más de 170 dólares al mes, monto que varía según diferentes criterios. Esto expresa que el promedio referido esconde una fuerte dispersión de valores, claramente sesgado por los elevados valores en el sector educativo privado. Respecto de la disponibilidad de recursos para la educación de personas jóvenes y adultas, Chile es de los únicos 5 países de la región que presentó datos ante GRALE. Concretamente, Chile destinó 1 081 dólares por persona joven o adulta según lo consignado en GRALE V (2022). Si bien encabeza la inversión per cápita en la región, se trata de menos de un cuarto de los destinado a estudiantes en edad escolar, lo cual impacta en la equidad en el acceso (que pasa depender de recursos de los hogares u otras fuentes). Resulta de la mayor relevancia contar con estos datos de forma completa y por fuentes oficiales para futuras actualizaciones. Chile presenta datos parciales en relación a la dimensión de equidad por ingresos en el acceso escolar a la educación secundaria: apenas 11 observaciones distribuidas en todo el período. Considerando esta apreciación fragmentaria, la tendencia parece orientarse hacia una reducción de la brecha entre quintiles de ingreso, partiendo de una diferencia de 15,9% en 1998 hasta un valor mínimo de 4.4% en 2020. Esta reducción de la brecha parece ser persistente desde 2006 en adelante, aunque la falta de más datos impide una apreciación segura. Chile muestra un acceso del quintil 1 relativamente elevado (84.9%) en términos regionales (73.7% en promedio). Con todo, Chile es uno de los países más desiguales de Latinoamérica, y su sistema educativo es aún más desigual. La razón de este hecho es que se trata de uno de los sistemas educativos más privatizados de la región, lo cual favorece que la segmentación por nivel de ingresos. La extrema privatización y mercantilización de la educación en Chile es un factor de segregación y una fuente de desigualdades en las trayectorias laborales. La acción del Estado, en lugar de corregir esta inequidad, la refuerza a través de la asignación privilegiada de recursos públicos hacia la educación privada (OCDE, 2020). De este modo, se convierte en uno de los sistemas educativos más segregados del continente. Respecto a la equidad por ingresos en la EPJA, Chile muestra una brecha de 25.3% puntos entre quintiles en 2020, casi seis veces la brecha de personas en edad escolar del mismo país y por debajo del promedio regional. El 69.4% de las personas de 19 a 24 años del quintil más rico asistían a instituciones educativas –valor por encima de la media regional-, mientras que solo el 44.1% de las personas del quintil más pobre lo hacían –por encima de la media regional. Por otra parte, Chile mejoró su situación respecto a la equidad de género en el acceso escolar en los últimos 20 años, partiendo de una situación de inequidad de género en los primeros años de la década del 2000 a un indicador de 97,2 niñas y adolescentes mujeres cada 100 niños en el año 2020. Con todo, la inserción laboral posterior al egreso escolar así como la posibilidad de seguir estudiando una vez superada la edad escolar sigue manteniendo sesgos particularmente contrarios a las mujeres chilenas (OCDE, 2021).

Dimensión de esfuerzo financiero público

Gasto público en educación como % del PIB

  • Gasto público en educación

  • /

  • PIB

Fuente: Instituto de Estadísticas de UNESCO (UIS).

Fecha de consulta: 2 de marzo de 2022.

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Datos en millones de dólares a precios corrientes. Fuente: Cálculo cruzado entre Estadísticas sobre Educación e Indicadores de Desarrollo Mundial – Banco Mundial.

Fecha de consulta: 2 de marzo de 2022.

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Datos en millones de dólares a precios corrientes. Fuente: Banco Mundial – Indicadores de Desarrollo Mundial.

Fecha de consulta: 2 de marzo de 2022.

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Panorama Regional

Gasto público en educación como % del Gasto Total

  • Gasto público en educación

  • /

  • Gasto público total

Fuente: Instituto de Estadísticas de UNESCO (UIS).

Fecha de consulta: 4 de marzo de 2022.

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Datos en millones de dólares a precios corrientes. Fuente: Cálculo cruzado entre Estadísticas sobre Educación e Indicadores de Desarrollo Mundial – Banco Mundial.

Fecha de consulta: 2 de marzo de 2022.

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Fuente: Cálculo propio en función de las variables «Gasto público en educación como % del Gasto Total» y «Gasto público en educación»

Fecha de consulta: 4 de marzo de 2022.

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Panorama Regional

Gasto público en educación destinado a EPJA (% sobre el gasto total en educación)

Dimensión de esfuerzo financiero público

Los datos del Sistema de Monitoreo apuntan a desafíos para la región en lo que toca a la dimensión de “esfuerzo financiero público”, considerando la proporción de recursos económicos nacionales que los Estados latinoamericanos y caribeños asignan a los sistemas educativos. No se distingue aquí qué parte de estos recursos son volcados a entidades privadas y cuál al sistema público: solo se trata de la cantidad de recursos que los Estados destinan a financiar la educación. Los datos disponibles del Banco Mundial, del Banco Interamericano de Desarrollo y del Instituto de Estadísticas de la UNESCO (UIS/UNESCO) permiten reconstruir con diverso alcance la situación de los 20 países de la región (Ver gráfico 1), tratándose de la variable con mayor cantidad de datos recientes. De este total, 14 presentan datos hasta 2019, y solo cinco hasta 2020, primer año de la pandemia. Considerando los valores del indicador de gasto en educación respecto del PIB, sólo dos países superaron el valor indicativo del 6% en estos dos últimos años (2019 y 2020): Costa Rica (6.75%) y Cuba (10.41%). En este sentido, el esfuerzo financiero público acordado por los Estados de América Latina y Caribe con la firma de la Agenda de Educación 2030 está lejos de cumplirse en la región.

En relación al valor y la trayectoria del indicador, vale señalar que los dos países que superan la meta acordada tienen un compromiso sostenido en el tiempo. Costa Rica supera sistemáticamente el valor de referencia desde 2009, con un valor máximo en 2017 (7.35%). Por su parte, Cuba supera la meta todos los años de la serie, con un valor máximo en 2008 (14.06%). Brasil, por su parte, no presenta datos en 2019 ni 2020. El último dato disponible para este país es de 2018, cuando alcanzó el 6.09% del PIB, superando la meta como ocurre desde 2015.

Aunque aún no alcanzan el valor comprometido, Chile, Perú y República Dominicana (además de los países listados en la tabla 1) tienen trayectorias ascendentes en su esfuerzo de financiamiento educativo en los últimos años. En el último dato disponible, Chile destinó a educación el 5.43% de su PIB, mientras que Perú (4.25%) y República Dominicana (4.04%) estuvieron más lejos. En un sentido opuesto se encuentran aquellos países cuyo esfuerzo de financiamiento educativo cayó en los últimos años como proporción del PIB. Es el caso de El Salvador, cuyo indicador cae desde 2009; Ecuador y México, que muestran caídas desde 2014; Argentina, que cae desde 2015; y Nicaragua, que cae desde 2017.

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Gasto en Educación como % del PIB

Gasto público en educación como % del Gasto Total

Fuente: Instituto de Estadísticas de UNESCO (UIS).

Fecha de consulta: 4 de marzo de 2022.

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Dimensión de disponibilidad de recursos

Disponibilidad de recursos por persona en edad escolar

  • Gasto público anual en pre-primaria, primaria y secundaria

  • /

  • Población en edad escolar (pre-primaria, primaria y secundaria)

Datos en dólares PPP a precios constantes de 2017. Fuente: Cálculo propio en función de los datos de «Gasto público anual en pre-primaria, primaria y secundaria» y «Población en edad escolar (pre-primaria, primaria y secundaria)».

Fecha de consulta: 10 de marzo de 2022.

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Datos en millones de dólares PPP a precios constantes de 2011. Fuente: Instituto de Estadísticas de UNESCO.

Fecha de consulta: 10 de marzo de 2022.

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Fuente: Instituto de Estadísticas de UNESCO.

Fecha de consulta: 10 de marzo de 2022.

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Panorama Regional

Gasto público en EPJA por persona adulta en el sistema educativo formal

  • Gasto total en EPJA en U$S

  • Población joven y adulta que asiste a la educación formal

Dimensión de disponibilidad de recursos

Esta dimensión permite analizar los recursos que los gobiernos tienen disponibles cada año para garantizar el derecho humano a la educación de niños, niñas y adolescentes en edad escolar. Al considerar a todas las personas en edad escolar, no se distingue entre aquellas que están estudiando en el sistema público de las que lo están en el privado. Asimismo, como se ha mencionado, se incluyen a todas las personas que tienen edad para frecuentar el primer año de preescolar, educación primaria o educación secundaria (incluidas las que están fuera de la escuela), de manera que sea posible identificar los recursos disponibles en cada Estado para cada sujeto de derecho.

Como valor de referencia, se utiliza una aproximación que surge de tomar el valor promedio de la inversión por persona en edad escolar en 2018 de la mitad de los países con menos ingresos de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE). El valor, indicado en dólares a precios constantes en paridad de poder adquisitivo de 2017, es de 7 469.6 dólares.  Esto representa un aumento de la inversión por persona en estos países, puesto que en 2016 destinaban 6 899.4 dólares. De hecho, en la última década se registra un aumento sostenido de los fondos destinados a la educación por persona en estos países. Como queda claro, la vara de comparación no es estática, sino que evoluciona en el tiempo y obliga a los países de ALC a comprometerse de manera dinámica con el financiamiento del derecho humano a la educación.

Lamentablemente, la falta de datos suficientes es más bien una norma en esa dimensión. No hay ningún dato disponible de Cuba, Haití o Venezuela; Honduras y Nicaragua solo tienen dos datos anuales; Paraguay tiene la mitad de los datos. Además, Brasil no provee información suficiente desde 2011, México y Panamá no lo hacen desde 2012, y Bolivia desde 2014. Como se ve, la ausencia de datos claros y completos es una generalidad preocupante, que expresa también la falta de cumplimiento de los compromisos adquiridos por los Estados en relación al financiamiento de la educación.

Considerando los datos disponibles desde el inicio de la serie (en 1998), los países de ALC muestran una tendencia lineal creciente en la asignación de recursos disponibles por persona en edad escolar, aunque casi todos ellos están muy distantes de los valores de referencia de la OCDE. Mientras que en el trienio 1998-2000 el conjunto de los países de la región asignaba en promedio 1 180 dólares por persona en edad escolar, para 2019-2021 esta cifra alcanzó los 2 500 dólares. Es decir, se ha más que duplicado el monto en poco más de dos décadas.

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Recursos por persona en edad escolar

Dimensión de equidad en el acceso escolar

Brecha de desigualdad en asistencia escolar

La primera columna (quintil 5) se refiere a la quinta parte más rica de la población analizada, y la segunda (quintil 1) corresponde al 20% con menos ingresos de la población analizada.

Fuente: CEPAL. Fecha de consulta: 15 de marzo de 2022 para el período 2000-2020, y 9 de julio de 2018 para los años 1998 y 1999.

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Panorama Regional

Índice de desigualdad de género en el acceso escolar

Se refiere a la cantidad de mujeres por cada 100 varones entre 13 y 19 años que se encontraba asistiendo a clases en algún establecimiento de enseñanza formal. Fuente: Construcción propia en base a CEPAL. Fecha de consulta: 18 de marzo de 2022.

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Panorama Regional

Brecha de desigualdad en asistencia escolar de personas jóvenes y adultas

Porcentaje de población entre 19 y 24 años que asiste a la escuela, según quintil de ingresos (quintil 5 más rico, y quintil 1 más pobre).

Fuente: CEPAL. Fecha de consulta: 4 de septiembre de 2022.

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Panorama regional

Dimensión de equidad en el acceso escolar

Como es sabido, ALC es una de las regiones más desiguales del mundo. Según el último Reporte Mundial de Desigualdad 2021, se trata de la región más desigual en el reparto de la riqueza (stocks acumulados de bienes), y la tercera en relación a los ingresos (flujos de fondos disponibles). Según ese mismo informe, en ALC, el 10% más rico captura el 77% de la riqueza total de los hogares, el 40% de la población que le sigue tiene el 22% de esa riqueza, mientras que la mitad más pobre de la población apenas se reparte el 1% del total. En materia de ingresos, el 10% más rico se lleva el 55% del ingreso.

Idealmente, no deberían existir diferencias de ningún tipo para la asistencia escolar entre franjas de la población con distintos niveles de ingreso. Sin embargo, no es lo que se detecta con los datos disponibles. Para analizar esta dimensión de equidad, el Sistema de Monitoreo utiliza datos de la CEPAL, que revelan que hay diferencias significativas entre las tasas de asistencia escolar del quintil 5 con ingresos más altos (el 20% de la población con mayores ingresos) y del quintil 1 con ingresos más bajos (el 20% de la población, con menores ingresos). Se toma como base de comparación la población total en la franja de 13 a 19 años de edad, que corresponde a la educación secundaria porque esta es la etapa educativa con las mayores desigualdades en el acceso educativo de la región. En el caso argentino se tomó solamente la población urbana, por no disponer de datos sobre zonas rurales.

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Brecha de asistencia escolar

Desigualdad de género en el acceso escolar

Desigualdad en asistencia escolar de personas jóvenes y adultas

Comentarios generales

Por Foro por el Derecho a la Educación Pública de Chile

Se presenta un elevado nivel de privatización educativa en Chile, lo que incide en las tres dimensiones del Sistema de Monitoreo, en relación a que la disponibilidad de recursos por persona en edad escolar y el monto de las inversiones en educación en comparación con el PIB y el presupuesto público total no garantizan que los gastos educativos se realicen efectivamente en la provisión de educación para todas/os las y los estudiantes, en condiciones de igualdad y gratuidad.

Con la reforma neoliberal en la educación, instalada en el país durante el gobierno Pinochet, entre los años 1970 y 1980, y persistente hasta hoy, el aumento de recursos para la educación se ha hecho sobre una arquitectura que ha terminado entregando el monto asignado al campo educativo, para la gestión privada, sin mayor impacto para quienes más lo necesitan.

Respecto a los datos del UIS/UNESCO para la dimensión “Esfuerzo Financiero Público”, son relativos, ya que casi la mitad del gasto educativo en el país, actualmente, lo hacen actores privados – familias.

Además, el modelo de subvención y externalización de la educación en el país entrega el gasto educativo al sector privado, es decir, a empresas del campo educativo.

Sobre la dimensión “Disponibilidad de recursos”, las cifras disponibles en las bases de datos internacionales consideradas como fuentes del Sistema de Monitoreo no reflejan la realidad. La desigualdad y segregación educativa en el país se demuestran en que la subvención entregada por el Estado a un niño o niña que estudia en un colegio municipal de periferia es de apenas 150 dólares al mes, cuando en un colegio particular de elite el valor invertido por estudiante puede llegar a 2 mil dólares al mes.

Como Foro por el Derecho a la Educación Pública, entendemos que más allá de las dimensiones que hoy se analizan en el Sistema de Monitoreo del Financiamiento de la CLADE, habría que verificar cuánto de los recursos públicos de la educación hoy se destinan a fuentes privadas. También sería importante verificar cómo se distribuye el gasto, y asegurar que los mismos se repartan de manera justa e igualitaria.

Así mismo, el tema del acceso escolar se ha puesto en cuestión en el contexto de la pandemia COVID-19. Los porcentajes de asistencia escolar en el país se han reducido significativamente, particularmente en el ámbito público.

La educación en Chile hoy es una mercancía. Tiene dueños (Libertad de Enseñanza. Artículo 19. N°11) y tiene un precio o arancel por persona (DFL 2. MINEDUC) que el Estado paga a los establecimientos a los que asisten. Antes de 1981 las escuelas, liceos y universidades eran en su gran mayoría públicos y el Estado financiaba su funcionamiento con un presupuesto siempre creciente de acuerdo a sus necesidades de operación y planes de desarrollo. Desde 1981 el Estado deja de financiar a las universidades públicas que deben comenzar a cobrar aranceles a sus estudiantes para sustentarse. Para quienes no puedan pagar, el Estado garantiza créditos.

Al poner precio a la educación básica y media de cada estudiante, como ya lo hacían los colegios privados, las ganancias de los proveedores privados quedaban ocultas como si fuesen uno más de los costos de proveer educación. Se presumía que el lucro y la competencia era el costo de mejorar la educación. Se incorpora durante el primer gobierno de la Concertación el financiamiento compartido, es decir pagar las correspondientes mensualidades a los establecimientos, que también pueden seleccionar a sus estudiantes segregándolos por capacidad de pago, hasta el día de hoy porque la ley de inclusión de 2015 redujo pero no terminó con el copago.

Se hace competir a los establecimientos públicos entre ellos y con los privados por obtener matrículas, los que comienzan a administrarse bajo la lógica empresarial. Los servicios de alimentación y limpieza, los materiales educativos y las capacitaciones docentes, pasan a ser producidos y comprados por empresas privadas (endoprivatización de los servicios y bienes públicos).

El arancel que se paga a los establecimientos educacionales en la enseñanza obligatoria fue establecido de forma arbitraria y es insuficiente. En Chile no existen estudios sobre los costos actuales del funcionamiento de las instituciones educativas ni de los de una educación ajustada a derecho. La iniciativa que más avanzó en este sentido (Foro, OPECH, Centro Alerta, Fundación SOL y UNESCO), estimó con las comunidades, que los establecimientos municipales de San Joaquín el año 2014 tenían un 50% de déficit en su presupuesto anual, tomando en cuenta los estándares internacionales del derecho a la educación.

Sigue leyendo este análisis en el documento elaborado por el Foro por el Derecho a la Educación Pública, para analizar el financiamiento educativo ante el momento constituyente que tiene lugar en Chile.