Por Contrato Social por la Educación

El Ecuador hasta el 2017 no ha alcanzado los niveles de inversión educativa que tuvo en 1981, durante el gobierno democrático presidido por Jaime Roldós Aguillera. La inversión en aquel año llegó a 5,4% del PIB. Los ajustes de corte neoliberal redujeron sistemáticamente la inversión social, particularmente en educación durante los años 80 y 90 del siglo pasado. El punto más bajo de la inversión educativa fue en el 2000, llegando a un 1,15% del PIB. Tal reducción fue resultado de la crisis económica más severa que tuvo el Ecuador desde 1920.

Desde el 2001, hubo una sistemática recuperación del presupuesto educativo hasta llegar al 4.34% en el 2009. Desde entonces y hasta el 2016, este valor fluctuó entre el 4,34% y el 5.25% del PIB. El Estado ecuatoriano, en el periodo 2007-2014, recibió altos ingresos por el precio del petróleo, por lo que su PIB se elevó sustancialmente. Debido a esto, el monto concreto de la inversión educativa se duplicó, aunque el porcentaje en relación al PIB se mantuvo. De todas maneras, el Estado ecuatoriano no cumplió el mandato del Referendo realizado en el 2006, que dispuso que hasta el 2012 se debía llegar a una inversión educativa del 6% del PIB.

Además, conviene resaltar que el presupuesto en educación aumentó desde el 2007 en una proporción similar al gasto militar y de seguridad. En el 2011, el gasto en educación fue de US$ 3.567.985, mientras que el gasto militar y en seguridad fue de US$ 3.349.0641 (Datos del estudio: Daniel Badillo. «Estado de la Inversión en educación en el Ecuador 2006-2012». Cuadernos del Contrato Social, Quito, 2012, p. 166).

Siendo la inversión educativa un hecho relevante en el periodo 2007- 2017, década del gobierno de la denominada revolución ciudadana, los sectores ciudadanos, maestras/os y otros actores sociales y educativos, entre los que se cuenta el Contrato Social por la Educación, demandaron una evaluación y fiscalización de la inversión, bajo el criterio de calidad del gasto y considerando el concepto de calidad educativa basada en la perspectiva de la educación como un derecho humano.

Asimismo, el mayor logro de la política educativa en los últimos lustros fue el aumento de la matrícula en educación básica, llegando al 97%. El aumento en bachillerato fue también importante: 10 puntos, hasta llegar al 67%. Las y los indígenas, mujeres y población rural expandieron su acceso a la escuela y al colegio.

No obstante, el abandono escolar se mantuvo. En el periodo 2007-2016, cerca del 40% de adolescentes no llegaron a graduarse en el bachillerato. De la misma manera, la mayor matrícula redundó en la masificación en los establecimientos educativos: más estudiantes por cada aula. Resultado: mayor presión para las y los docentes, incremento de la violencia entre estudiantes y reducción de la calidad educativa.

La aplicación de un modelo meritocrático y excluyente en educación basado en pruebas estandarizadas (como la prueba ENES), repercutió en la disminución del acceso a las universidades, particularmente de estudiantes de los sectores con menores ingresos de la población, entre los que se cuenta a los de zonas rurales, afro ecuatorianos e indígenas. Al 2014, casi medio millón de jóvenes entre 18 y 24 años no estudiaba ni trabajaba en el Ecuador. Todo esto ocurrió en un ambiente de restricción de las condiciones democráticas en todo el sistema educativo, ya que se incrementó la criminalización de la protesta estudiantil.

Desde el 2015, la reducción de los precios del petróleo aceleró una crisis económica. Desde el 2017, se presenta una crisis integral: económica, social, política y moral. En tal situación se teme un estancamiento y retroceso de la inversión educativa. El Contrato Social por la Educación planteó al gobierno de Ecuador un acuerdo nacional para mantener y sostener la inversión educativa, a pesar de la crisis.