Según los datos disponibles en la base de datos del Instituto de Estadísticas de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UIS/UNESCO), consultada en mayo de 2020, Ecuador no alcanzaba los valores de referencia acordados por los Estados de Latinoamérica y el Caribe para la región, de 6% del PIB y de 20% de gasto público en educación en relación al presupuesto total del gobierno nacional. En 2015, año con datos más recientes, el país alcanzó el equivalente a 5% del PIB de inversión en educación y 12,59% de gasto público en educación en relación al presupuesto total gubernamental. Para el primer indicador, la serie histórica muestra un crecimiento considerable del porcentaje, que alcanzó, en 2015, el doble de 1998, mientras que para el segundo indicador, el porcentaje ha oscilado al alza o a la baja, sin haber jamás ultrapasado el 13,17% (2009). No obstante, no existen datos recientes sobre estos indicadores en las plataformas consultadas en este estudio, lo que dificultó un pronóstico más actualizado.

Dimensión de esfuerzo financiero público

Gasto público en educación como % del PIB

  • Gasto público en educación

  • /

  • PIB

Fuente: Instituto de Estadísticas de UNESCO (UIS).

Fecha de consulta: 11 de mayo de 2020.

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Datos en millones de dólares a precios corrientes. Fuente: Cálculo cruzado entre Estadísticas sobre Educación e Indicadores de Desarrollo Mundial – Banco Mundial.

Fecha de consulta: 11 de mayo de 2020.

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Datos en millones de dólares a precios corrientes. Fuente: Banco Mundial – Indicadores de Desarrollo Mundial.

Fecha de consulta: 09 de mayo de 2020.

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Panorama Regional

Gasto público en educación como % del Gasto Total

  • Gasto público en educación

  • /

  • Gasto público total

Fuente: Instituto de Estadísticas de UNESCO (UIS).

Fecha de consulta: 11 de mayo de 2020.

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Datos en millones de dólares a precios corrientes. Fuente: Cálculo cruzado entre Estadísticas sobre Educación e Indicadores de Desarrollo Mundial – Banco Mundial.

Fecha de consulta: 11 de mayo de 2020.

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Fuente: Banco Interamericano de Desarrollo (BID).

Fecha de consulta: 11 de mayo de 2020.

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Panorama Regional

Dimensión de esfuerzo financiero público

Los datos del sistema de monitoreo apuntan a desafíos para la región en lo que toca a la dimensión de “esfuerzo financiero público”, considerando el porcentaje de las riquezas nacionales que los Estados latinoamericanos y caribeños asignan al sistema educativo. De acuerdo a los datos más recientes del Banco Mundial, del Banco Interamericano de Desarrollo y del Instituto de Estadísticas de la UNESCO (UIS/UNESCO), de los 20 países de la región, sólo Cuba, con el 8,03% del PIB en el 2018; Costa Rica, con el 7,03% del PIB en el mismo año; Brasil, con el 6,24% del PIB en 2015; y Honduras, con el 6,08% del PIB en 2018, lograron alcanzar el valor de referencia para este indicador, de al menos 6% del PIB, como fue acordado por los Estados de América Latina y Caribe con la firma de la Agenda de Educación 2030.

Bolivia y Venezuela, con el 7,29% y 6,87% del PIB de inversión en educación, respectivamente, también alcanzarían el valor de referencia, pero los datos disponibles para los países en las plataformas internacionales consultadas están demasiado desfasados, datando de 2014 y de 2009, respectivamente, lo que dificulta saber si los Estados cumplen actualmente el nivel mínimo. Inclusive, no existían datos sobre los dos indicadores de la dimensión “Esfuerzo Financiero Público”, para Bolivia y Venezuela, en la base de datos de UIS/UNESCO consultada el 11 de mayo de 2020. Por tanto, para realizar un análisis de los dos países se optó por mantener los datos anteriores del estudio para esta dimensión, consultados en la misma fuente el 9 de julio de 2018.

Argentina, con el 5,46% en 2017, y Chile, con 5,4% en el mismo año, presentaron datos próximos al valor de referencia. El peor resultado para el indicador fue de Haití, con una inversión de 2,78% del PIB en 2018, último año para el cual había datos disponibles del país en la plataforma de UIS/UNESCO.

Considerando las tendencias observadas en los últimos años para los 20 países analizados, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Guatemala, Nicaragua y Uruguay presentaron trayectorias de crecimiento del porcentaje del PIB invertido en educación, al menos según los datos disponibles. En Costa Rica, en especial, se observó un crecimiento de 4,92% del PIB en 2008 a 7,03% del PIB en 2018. Por otro lado, Cuba, Panamá y Paraguay presentaron tendencias de disminución en el valor en los últimos años y los demás países mantuvieron porcentajes más o menos estables a lo largo de los últimos años.

En lo que toca al indicador de gasto en educación como porcentaje del gasto público total, los Estados de la región se comprometieron en la Agenda de Educación 2030 a garantizar un mínimo del 20% del presupuesto público total para la educación. Alcanzaron o sobrepasaron este valor de referencia, con los datos más recientes para cada país, Chile (en 2016 y 2017), Costa Rica (desde 2003 hasta 2018), Guatemala (desde 2011 hasta 2018), Honduras (en 2014 y 2015) y Venezuela (2009). Costa Rica alcanzó el mayor porcentaje, con más de 26% del presupuesto público total invertido en educación en 2018, a pesar de que el valor disminuyó en relación a 2017, cuando el porcentaje pasó del 30%. Bolivia superó el valor de referencia en 2009 y 2010, cuando alcanzó un porcentaje de más del 24% de gasto en educación como porcentaje del gasto público total. Pero de ahí hasta 2014, presentó una tendencia a la baja y el gasto descendió a un porcentaje de poco más del 16% (16.84% en 2014).

La tendencia observada en este indicador para los últimos diez años, según los datos disponibles, es de crecimiento para Brasil, Chile, Costa Rica, Haití y Honduras. En el mismo período, el gasto en educación como porcentaje del gasto público total se mantuvo estable, con pequeñas variaciones al alza o a la baja de un año a otro, en Colombia, Ecuador, Guatemala, México, Panamá, Paraguay y Uruguay. Argentina, Cuba, El Salvador y Nicaragua tuvieron una trayectoria de disminución del gasto en educación respecto al presupuesto total en los últimos diez años. Por su parte, República Dominicana y Venezuela no tenían datos disponibles para el indicador en los últimos años.

Lee el análisis regional completo.

Gasto en Educación como % del PIB

Gasto en Educación como % del Gasto Total

Dimensión de disponibilidad de recursos

Disponibilidad de recursos por persona en edad escolar

  • Gasto público anual en pre-primaria, primaria y secundaria

  • /

  • Población en edad escolar (pre-primaria, primaria y secundaria)

Datos en dólares PPP a precios constantes de 2017. Fuente: Cálculo cruzado entre el Gasto en Educación calculado a partir del PIB (Banco Mundial – Indicadores de Desarrollo Mundial) y la población en edad escolar, según datos del Instituto de Estadísticas de UNESCO.

Fecha de consulta: 11 de mayo de 2020.

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Datos en millones de dólares PPP a precios constantes de 2017. Fuente: Cálculos propios a partir de Instituto de Estadísticas de UNESCO y Gasto Público en Educación calculado a partir de PIB (Banco Mundial – Indicadores de Desarrollo Mundial). Incluye el gasto no localizado por nivel educativo.

Fecha de consulta: 11 de mayo de 2020.

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Fuente: Instituto de Estadísticas de UNESCO.

Fecha de consulta: 13 de mayo de 2020.

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Panorama Regional

Dimensión de disponibilidad de recursos

El análisis regional de los datos disponibles en el sistema de monitoreo enseña aspectos preocupantes en lo que refiere a la dimensión de “disponibilidad de recursos”. De los 20 países de la región que se toman en cuenta en el sistema, ninguno ha logrado alcanzar el valor de referencia adoptado para esta dimensión, que es de US$ 6.899,4 (en dólares PPP constantes de 2017) al año por persona en edad escolar, correspondiente al promedio que la mitad de los países con menos ingresos de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) invirtieron por estudiante en 2016.

Los países que llegaron más cerca del valor de referencia, según los datos más recientes disponibles, fueron Costa Rica, que dedicó, en promedio, US$ 5.349,26 por cada persona en edad escolar en 2018; Chile, con el valor de US$ 4.441,27 en 2017; y Argentina, con el valor de US$ 4.089,42 en 2018. Otros dos países que presentaron valores de inversión por persona en edad escolar entre los más altos en la región fueron Uruguay (US$ 3.540,09 por persona en 2017) y Brasil (US$ 3.160,1 por persona en 2011), aunque en ambos casos los montos están por debajo de la mitad del valor de referencia. Bolivia, Haití y Venezuela no tenían datos suficientes para el cálculo del indicador y todos los demás países analizados invirtieron valores que correspondían a menos de un tercio del valor de referencia para esta dimensión.

Considerando los datos disponibles en las plataformas consultadas, El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua y Paraguay presentaban la situación más preocupante con respecto a esta dimensión, puesto que sus valores no alcanzaban ni un sexto del valor de referencia adoptado. El promedio de inversión por persona en edad escolar para preprimaria, primaria y secundaria, en estos países, fue respectivamente de: US$ 1.016,00 (en 2018), US$ 629,47 (en 2018), US$ 739,0 (en 2013), US$ 421 (en 2010) y US$ 1.064,85 (en 2016).

Por otro lado, es importante subrayar que se observaron incrementos progresivos en los valores en algunos países. Se destacan entre ellos: Costa Rica, que entre 2008 y 2018 pasó de un valor promedio de US$ 2.621,5 por persona en edad escolar en 2008 a US$ 5.349,26 en 2018. En el mismo período, Perú pasó de un valor de US$ 790,2 al año invertido por persona en edad escolar a US$ 1.694,66. Paraguay registraba un nivel de inversión de US$ 592 por persona en edad escolar en 2007, y alcanzó el monto de US$ 1.064,85 en 2018, mientras que Brasil más que dobló el valor entre 2004 y 2011, cuando el monto llegó a US$ 3.160,1. Sin embargo, estos países aún están lejos de proveer los recursos suficientes y necesarios para garantizar una educación de calidad y gratuita para todas y todos.

En general, se observaron avances para la dimensión de disponibilidad en la mayoría de los 20 países de la región. Las excepciones son Argentina, que interrumpió en los últimos dos años de la serie histórica (2016 y 2017) una trayectoria anterior de décadas de aumentos progresivos en los recursos públicos disponibles por persona en edad escolar; Costa Rica, que ha reducido el valor entre 2017 y 2018; y Ecuador, que ha reducido el valor entre 2014 y 2015, último año con datos disponibles para el país en esta dimensión.

Lee el análisis regional completo.

Recursos por persona en edad escolar

Dimensión de equidad en el acceso escolar

Brecha de desigualdad en asistencia escolar

La primera columna (quintil 5) se refiere a la quinta parte más rica de la población analizada, y la segunda (quintil 1) corresponde al 20% con menos ingresos de la población analizada.

Fuente: CEPAL. Fecha de consulta: 13 de mayo de 2020 para los años de 2000 a 2018 y 9 de julio de 2018 para los años 1998 y 1999.

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Panorama Regional

Dimensión de equidad en el acceso escolar

Un aspecto bastante preocupante en Latinoamérica y el Caribe es el impacto que la desigualdad de renta representa para el acceso a la educación en la región. Idealmente, no deberían existir diferencias de ningún tipo para la asistencia escolar entre franjas de la población con distintos niveles de ingreso. Para la dimensión de análisis “equidad en el acceso escolar”, el sistema de monitoreo utiliza datos de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), que revelan que hay diferencias significativas entre las tasas de asistencia escolar del quintil con ingresos más altos y del quintil con ingresos más bajos de la población, tomándose como base de comparación la población urbana en la franja de 13 a 19 años de edad.

Los datos analizados en esta dimensión muestran que Honduras, México y Uruguay presentan una marcada desigualdad. Estos tres países registran el quintil que tiene más altos ingresos, con una asistencia escolar superior en 15 puntos porcentuales o más a la del quintil con menos ingresos. En Uruguay la diferencia entre los niveles de asistencia escolar de los dos quintiles llegaba a 20 puntos porcentuales en 2018, en México a 18,8 y en Honduras, donde poco más de la mitad de las personas entre los 13 y los 19 años con ingresos más bajos tenían acceso a la educación, la diferencia llegó a 19,8.

Los otros países de la región que presentaban una brecha de acceso a la educación superior a 10 puntos porcentuales en 2018 eran Argentina (11,1), Colombia (13,9), Costa Rica (14,4), El Salvador (11,8) y Panamá (10,7). Ecuador fue el país que presentó la diferencia más baja entre los dos quintiles analizados en lo que toca al acceso a la escuela en 2018: 2,5 puntos porcentuales.

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Brecha de asistencia escolar

Comentarios generales

Por Contrato Social por la Educación (CSE)

Hasta 2017, Ecuador no había alcanzado los niveles de inversión educativa que tuvo en 1981, cuando esta llegó al 5,4% del PIB. Los ajustes de corte neoliberal redujeron sistemáticamente la inversión social, particularmente en educación, durante los años 80 y 90 del siglo pasado. El punto más bajo de la inversión educativa se registró en el 2000, cuando fue del 1,15% del PIB. Tal reducción fue resultado de la crisis económica más severa que tuvo Ecuador desde 1920.

El Estado ecuatoriano, en el periodo 2007-2014, recibió altos ingresos por el precio del petróleo, por lo que su PIB se elevó sustancialmente. Debido a esto, el monto concreto de la inversión educativa se duplicó, aunque el porcentaje en relación al PIB se mantuvo. De todas maneras, el Estado ecuatoriano no cumplió el mandato del referendo realizado en 2006, que dispuso que en 2012 se debía llegar a una inversión educativa del 6% del PIB.

Además, conviene resaltar que el presupuesto en educación aumentó desde 2007 en una proporción similar al gasto militar y de seguridad. En 2011, el gasto en educación fue de US$ 3.567.985, mientras que el gasto militar y en seguridad fue de US$ 3.349.064.

Dado que la inversión educativa se tornó relevante en el periodo 2007-2017, década del gobierno de la denominada revolución ciudadana, los sectores ciudadanos, maestras/os y otros actores sociales y educativos, entre los que se cuenta el Contrato Social por la Educación, demandaron una evaluación y fiscalización de la inversión, bajo el criterio de calidad del gasto y considerando el concepto de calidad educativa basada en la perspectiva de la educación como un derecho humano.

Asimismo, el mayor logro de la política educativa en los últimos lustros fue el aumento de la matrícula en educación básica, que llegó al 97%. El aumento en bachillerato fue también importante: 10 puntos porcentuales, hasta llegar al 67%. Las y los indígenas, mujeres y población rural expandieron su acceso a la escuela y al colegio.

No obstante, el abandono escolar se mantuvo. En el periodo 2007-2016, cerca del 40% de adolescentes no llegaron a graduarse en el bachillerato. De la misma manera, la mayor matrícula redundó en la masificación en los establecimientos educativos: más estudiantes por cada aula. Resultado: mayor presión para las y los docentes, incremento de la violencia entre estudiantes y reducción de la calidad educativa.

La aplicación de un modelo meritocrático y excluyente en educación basado en pruebas estandarizadas (como la prueba ENES), repercutió en la disminución del acceso a las universidades, particularmente de estudiantes de los sectores con menores ingresos de la población, entre los que se cuenta a los de zonas rurales, afroecuatorianos y afroecuatorianas, e indígenas. En 2014, casi medio millón de jóvenes entre 18 y 24 años no estudiaba ni trabajaba en Ecuador. Todo esto ocurrió en un ambiente de restricción de las condiciones democráticas en todo el sistema educativo, ya que se incrementó la criminalización de la protesta estudiantil.

Desde 2015, la reducción de los precios del petróleo aceleró una crisis económica. En 2017, la crisis ya era integral: económica, social, política y moral. En tal situación se teme un estancamiento y retroceso de la inversión educativa. El Contrato Social por la Educación planteó al gobierno de Ecuador un acuerdo nacional para mantener y sostener la inversión educativa a pesar de la crisis.