Dimensión de esfuerzo financiero público
Ecuador presenta datos sobre el esfuerzo financiero público entre 1998 y 2000, y desde 2009 en adelante. Para el indicador que relaciona esta inversión con el gasto público total, faltan datos de 2016 a 2018.
En relación al peso asignado al financiamiento educativo respecto del PIB, los tres años iniciales muestran valores bajos y decrecientes, con un piso en 2000 de 1.15% del PIB. Cuando los datos vuelven a estar disponibles en 2009, el indicador muestra un valor de 4.34% del PIB, que crece de manera continua hasta el valor máximo de 5.26% en 2014. De allí mostrará un descenso relativo, que llevará al valor de 4.13% en 2020. Vale señalar que durante ese período Ecuador ha estado en una larga recesión en la actividad económica, en la que la educación ha sufrido recortes. Ecuador no alcanzó la meta indicativa de 6% en ningún año con datos disponibles.
El indicador de financiamiento educativo respecto del gasto público total también muestra valores bajos y decrecientes entre 1998 y 2000, llegando al piso de 4.96%. En 2009 se invirtió el 13.17%, valor que se redujo paulatinamente hasta 11.44% en 2013. Si bien en 2014 y 2015 se mostró una recuperación, los últimos dos años con datos disponibles mantienen ese nivel. En 2020 se destinó el 11.47% del gasto público total a educación, siendo un valor muy inferior a la meta comprometida de 20%.
Ecuador no presentó datos sobre inversión en educación de personas jóvenes y adultas en GRALE V (2022). Resulta de la mayor relevancia contar con estos datos de forma completa y por fuentes oficiales para futuras actualizaciones.
El Esfuerzo Financiero Público en educación se mide a través de dos indicadores: a) comparación del gasto público en educación con el Producto Interno Bruto (PIB) de cada país; y b) comparación del gasto público en educación con el presupuesto total de cada país.
El primer indicador (gasto público en educación/PIB) estima la prioridad macroeconómica que tiene el Derecho Humano a la Educación en cada país, evaluando qué proporción de los recursos disponibles se está destinando a financiarlo frente a otros compromisos sociales. El valor de referencia adoptado es el 6% del PIB, establecido en el Marco de Acción para la Educación 2030 y ratificado por los Estados de América Latina y el Caribe en la Reunión Regional de Ministras/os de Educación de la región (Carta de Lima, 2014).
El segundo indicador (gasto público en educación/presupuesto público total) mide la prioridad política dada a la educación, al comparar los recursos destinados a garantizar ese derecho con el total de recursos empleados para cumplir todas las obligaciones del Estado. Respecto a este indicador, los Estados de la región acordaron, en dicha Reunión Ministerial de Lima, el compromiso en invertir en educación el 20% del presupuesto público total, valor que se toma como referencia.
En la última actualización de este Sistema de Monitoreo (2022), los datos de esos dos indicadores se obtuvieron de la base de datos del Instituto de Estadísticas de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UIS/UNESCO). En el caso de Cuba, el dato de gasto público total se tomó de la Oficina Nacional de Estadísticas e Información de la República de Cuba (ONEI).
En 2022, por primera vez, se ha incluido en esta dimensión una variable asociada a la Educación de Personas Jóvenes y Adultas (EPJA). El instrumento que se utiliza para este indicador es la pregunta sobre porcentaje del gasto público en educación que se destina a la EPJA (gasto público en EPJA/gasto público total en educación), disponible en el Informe Mundial sobre el Aprendizaje y la Educación de Adultos V (GRALE V, según sus siglas en inglés), publicado en el 2022. En este caso no se adoptan valores de referencia, ya que no hay acuerdos internacionales sobre el tema. Asimismo, no todos los Estados disponibilizan dicha información en las bases de datos internacionales.
ALC: Gasto público en educación como % del PIB
Gasto público en educación como % del PIB (por país)
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Gasto público en educación
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PIB
Fuente: Instituto de Estadísticas de UNESCO (UIS).
Fecha de consulta: 9 de julio de 2018.
Datos en millones de dólares a precios corrientes. Fuente: Cálculo cruzado entre Estadísticas sobre Educación e Indicadores de Desarrollo Mundial – Banco Mundial.
Fecha de consulta: 9 de julio de 2018.
Datos en millones de dólares a precios corrientes. Fuente: Banco Mundial – Indicadores de Desarrollo Mundial.
Fecha de consulta: 9 de julio de 2018.
ALC: Gasto público en educación como % del Gasto Total
Gasto público en educación como % del Gasto Total (por país)
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Gasto público en educación
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Gasto público total
Fuente: Instituto de Estadísticas de UNESCO (UIS).
Fecha de consulta: 9 de julio de 2018.
Datos en millones de dólares a precios corrientes. Fuente: Cálculo cruzado entre Estadísticas sobre Educación e Indicadores de Desarrollo Mundial – Banco Mundial.
Fecha de consulta: 9 de julio de 2018.
Fuente: Banco Interamericano de Desarrollo (BID).
Fecha de consulta: 9 de julio de 2018.
ALC: gasto público en EPJA como % del gasto total en educación
Gasto público en EPJA como % del gasto total en educación (por país)
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Gasto público total en EPJA (por país)
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Gasto público en educación
No hay datos suficientes para exibir
No hay datos suficientes para exibir
Datos en millones de dólares a precios corrientes. Fuente: Cálculo cruzado entre Estadísticas sobre Educación e Indicadores de Desarrollo Mundial – Banco Mundial.
Fecha de consulta: 9 de julio de 2018.
Dimensión de disponibilidad de recursos
Ecuador muestra datos incompletos sobre la disponibilidad de recursos por persona en edad escolar en la última década, sin información para años previos. En 2009 se destinaron 1,017 por persona en edad escolar, valor que se elevó levemente a 1,397 en 2013. Desde entonces y hasta 2016, se reduce a su nivel previo, mostrando una leve recuperación en 2018 y 2019. Ese último año se destinaron 1,312 dólares por persona en edad escolar. La tendencia parece indicar cierto estancamiento relativo en valores lejanos a los parámetros de referencia, de poco más que una sexta parte de lo destinado en los países más pobres de la OCDE.
Ecuador no presentó datos sobre inversión en educación de personas jóvenes y adultas en GRALE, lo que impide calcular la disponibilidad de recursos. Resulta de la mayor relevancia contar con estos datos de forma completa y por fuentes oficiales para futuras actualizaciones.
La dimensión de la Disponibilidad de Recursos se centra en observar los recursos públicos disponibles para cada persona en edad escolar. Es una medida per cápita del presupuesto educativo disponible, teniendo en cuenta no solamente a quienes se encuentran en la escuela, sino también a aquellas personas que aún no han sido incorporadas al sistema educativo.
Las informaciones de esta dimensión se presentan en dólares PPP a precios constantes de 2017, y resultan de un cálculo cruzado entre el Gasto en Educación calculado a partir del PIB (Banco Mundial – Indicadores de Desarrollo Mundial) y la distribución porcentual del gasto educativo por los niveles preprimaria, primaria y secundaria, según datos del Instituto de Estadísticas de UNESCO, y dividiéndose posteriormente este valor por la población en edad escolar, según datos también del UIS/UNESCO.
El valor considerado como referencia para este indicador en América Latina y Caribe es de US$ 7,469.63, tomado como el promedio de este indicador para la mitad de los países de menores ingresos de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) en el año 2018 (medición en dólares PPP constantes).
En la actualización de 2022 se incorporó un indicador sobre EPJA a la dimensión de Disponibilidad de Recursos. Para ello, se tomó específicamente el cálculo del Esfuerzo Financiero en EPJA – obtenido en la dimensión Esfuerzo Financiero Público –, valorizada en dólares y dividida entre la población joven y adulta que efectivamente asistió al sistema educativo formal de educación básica. Este indicador puede interpretarse como la inversión del Estado en educación por persona adulta que se educó en el último año en el sistema formal obligatorio. Vale resaltar que, si bien esta aproximación sobreestima la inversión pública por persona – porque contabiliza la inversión en EPJA en todas sus formas y la divide solo por la parte vinculada a la educación formal –, ella ofrece una estimación puntual de utilidad. Tal como ocurrió con la dimensión de esfuerzo financiero, aquí los datos escasean, debido a la baja tasa de respuesta de los países al Informe GRALE.
ALC: Disponibilidad de recursos por persona en edad escolar
Disponibilidad de recursos por persona en edad escolar (por país)
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Gasto público anual en pre-primaria, primaria y secundaria
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Población en edad escolar (pre-primaria, primaria y secundaria)
Datos en dólares PPP a precios constantes de 2011. Fuente: Cálculo cruzado entre el Gasto en Educación calculado a partir del PIB (Banco Mundial – Indicadores de Desarrollo Mundial) y la población en edad escolar, según datos del Instituto de Estadísticas de UNESCO.
Fecha de consulta: 9 de julio de 2018.
Datos en millones de dólares PPP a precios constantes de 2011. Fuente: Cálculos propios a partir de Instituto de Estadísticas de UNESCO y Gasto Público en Educación calculado a partir de PIB (Banco Mundial – Indicadores de Desarrollo Mundial). Incluye el gasto no localizado por nivel educativo.
Fecha de consulta: 9 de julio de 2018.
Fuente: Instituto de Estadísticas de UNESCO.
Fecha de consulta: 9 de julio de 2018.
ALC: Gasto público en EPJA por persona adulta en el sistema educativo formal
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Gasto total en EPJA
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Población joven y adulta que asiste a la educación formal
Dimensión de equidad en el acceso escolar
En relación a la dimensión de equidad por ingresos en el acceso escolar a la secundaria, Ecuador muestra una tendencia a reducir la brecha entre 2001 y 2014, pasando de una diferencia de 23.1% a 3.1% en esos años. La mayor parte de esta reducción obedece a un aumento del acceso del quintil 1 (más pobre), que pasó de 52.3% a 77%. El quintil más rico por su parte elevó el acceso hasta 2010, mostrando luego cierto retroceso. Entre 2014 y 2019 la brecha entre quintiles se amplió, llegando al 13.3%, por una recuperación del acceso del quintil más rico y un leve retroceso del quintil más pobre. En 2020 se produjo el movimiento inverso, pues se redujo el acceso del quintil 5 y se elevó el del quintil 1, reduciendo la brecha a 4.8%.
Respecto a la equidad por ingresos en la EPJA, Ecuador muestra una brecha de 26.2% puntos entre quintiles en 2020, unas cinco veces la brecha de personas en edad escolar del mismo país, aunque por debajo del promedio regional. El 50.1% de las personas de 19 a 24 años del quintil más rico asistían a instituciones educativas –valor en línea con la media regional-, mientras que solo el 23.9% de las personas del quintil más pobre lo hacían –levemente por encima de la media regional.
En cuanto a la equidad de género en el acceso a la educación secundaria, Ecuador ha mejorado mucho su situación en los últimos 20 años, pasando de 98,1 niñas y adolescentes mujeres por cada 100 niños en 2001 a 100,8 niñas por cada 100 niños en 2020. Algunos años entre 2011 y 2017 presentó indicadores por debajo de 97, pero logró mejorar esta situación.
El acceso a la educación debe ser igual para todas las personas, independientemente de su clase social o nivel de ingresos. La dimensión Equidad en el Acceso Escolar mide, a cada año, los niveles de desigualdad en la asistencia escolar de las y los estudiantes a partir de tres indicadores.
El primer indicador mide la Desigualdad de Asistencia Escolar entre quintiles, es decir, entre niños, niñas, asdolescentes y jóvenes de 13 a 19 años de la quinta parte más rica (quintil 5) y la quinta parte con menos ingresos (quintil 1) de la población en cada país. La información de asistencia escolar por rango de edad, zona y quintiles de ingreso se obtuvo de la base de datos de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL). Para este indicador, se consideró al total de la población, y no sólo a la población urbana, pues si lo que se está queriendo medir es inequidad, no considerar a la población rural (que, en general, se encuentra en una situación más vulnerable que la población urbana) sería subestimar el problema. Como dato de referencia se asume una brecha cero, es decir, se espera que no haya diferencia entre las tasas de asistencia escolar entre estudiantes con distintos niveles de ingreso.
En el año 2022 se incoporaron por primera vez al sistema de monitoreo de CLADE dos nuevos indicadores: Desigualdad en asistencia escolar de personas jóvenes y adultas y Desigualdad de género en asistencia escolar. El primer indicador compara la asistencia escolar del quintil más rico (quintil 5) en relación al quintil más pobre (quintil 1), teniendo en cuenta a las personas jóvenes y adultas de 19 a 24 años. La base de datos utilizada para calcular el indicador es la misma de la CEPAL que se ha mencionado y el dato de referencia también es una brecha cero. Finalmente el indicador de equidad de género mide a la cantidad de mujeres por cada 100 varones entre 13 y 19 años que se encontraba asistiendo a clases en algún establecimiento de enseñanza formal. Según los estándares internacionales se considera que la asistencia escolar es equitativa en términos de género cuando la cantidad de niñas y adolescentes mujeres por cada 100 niños y adolescentes varones está entre 97 y 103 (UNICEF, 2020).
ALC: Desigualdad en asistencia escolar entre quintiles
Desigualdad en asistencia escolar entre quintiles (por país)
La primera columna (quintil 5) se refiere a la quinta parte más rica de la población analizada, y la segunda (quintil 1) corresponde al 20% con menos ingresos de la población analizada.
Fuente: CEPAL. Fecha de consulta: 9 de julio de 2018.
ALC: Desigualdad en asistencia escolar de personas jóvenes y adultas entre quintiles
Desigualdad en asistencia escolar de personas jóvenes y adultas entre quintiles (por país)
Porcentaje de población entre 19 y 24 años que asiste a la escuela, según quintil de ingresos (quintil 5 más rico, y quintil 1 más pobre).
Fuente: CEPAL. Fecha de consulta: 4 de septiembre de 2022.
ALC: Desigualdad de género en el acceso escolar
Desigualdad de género en la asistencia escolar (por país)
Se refiere a la cantidad de mujeres por cada 100 varones entre 13 y 19 años que se encontraba asistiendo a clases en algún establecimiento de enseñanza formal. Fuente: Construcción propia en base a CEPAL. Fecha de consulta: 18 de marzo de 2022.
Comentarios generales
Por Contrato Social por la Educación
El Ecuador hasta el 2017 no ha alcanzado los niveles de inversión educativa que tuvo en 1981, durante el gobierno democrático presidido por Jaime Roldós Aguillera. La inversión en aquel año llegó a 5,4% del PIB. Los ajustes de corte neoliberal redujeron sistemáticamente la inversión social, particularmente en educación durante los años 80 y 90 del siglo pasado. El punto más bajo de la inversión educativa fue en el 2000, llegando a un 1,15% del PIB. Tal reducción fue resultado de la crisis económica más severa que tuvo el Ecuador desde 1920.
Desde el 2001, hubo una sistemática recuperación del presupuesto educativo hasta llegar al 4.34% en el 2009. Desde entonces y hasta el 2016, este valor fluctuó entre el 4,34% y el 5.25% del PIB. El Estado ecuatoriano, en el periodo 2007-2014, recibió altos ingresos por el precio del petróleo, por lo que su PIB se elevó sustancialmente. Debido a esto, el monto concreto de la inversión educativa se duplicó, aunque el porcentaje en relación al PIB se mantuvo. De todas maneras, el Estado ecuatoriano no cumplió el mandato del Referendo realizado en el 2006, que dispuso que hasta el 2012 se debía llegar a una inversión educativa del 6% del PIB.
Además, conviene resaltar que el presupuesto en educación aumentó desde el 2007 en una proporción similar al gasto militar y de seguridad. En el 2011, el gasto en educación fue de US$ 3.567.985, mientras que el gasto militar y en seguridad fue de US$ 3.349.0641 (Datos del estudio: Daniel Badillo. «Estado de la Inversión en educación en el Ecuador 2006-2012». Cuadernos del Contrato Social, Quito, 2012, p. 166).
Siendo la inversión educativa un hecho relevante en el periodo 2007- 2017, década del gobierno de la denominada revolución ciudadana, los sectores ciudadanos, maestras/os y otros actores sociales y educativos, entre los que se cuenta el Contrato Social por la Educación, demandaron una evaluación y fiscalización de la inversión, bajo el criterio de calidad del gasto y considerando el concepto de calidad educativa basada en la perspectiva de la educación como un derecho humano.
Asimismo, el mayor logro de la política educativa en los últimos lustros fue el aumento de la matrícula en educación básica, llegando al 97%. El aumento en bachillerato fue también importante: 10 puntos, hasta llegar al 67%. Las y los indígenas, mujeres y población rural expandieron su acceso a la escuela y al colegio.
No obstante, el abandono escolar se mantuvo. En el periodo 2007-2016, cerca del 40% de adolescentes no llegaron a graduarse en el bachillerato. De la misma manera, la mayor matrícula redundó en la masificación en los establecimientos educativos: más estudiantes por cada aula. Resultado: mayor presión para las y los docentes, incremento de la violencia entre estudiantes y reducción de la calidad educativa.
La aplicación de un modelo meritocrático y excluyente en educación basado en pruebas estandarizadas (como la prueba ENES), repercutió en la disminución del acceso a las universidades, particularmente de estudiantes de los sectores con menores ingresos de la población, entre los que se cuenta a los de zonas rurales, afro ecuatorianos e indígenas. Al 2014, casi medio millón de jóvenes entre 18 y 24 años no estudiaba ni trabajaba en el Ecuador. Todo esto ocurrió en un ambiente de restricción de las condiciones democráticas en todo el sistema educativo, ya que se incrementó la criminalización de la protesta estudiantil.
Desde el 2015, la reducción de los precios del petróleo aceleró una crisis económica. Desde el 2017, se presenta una crisis integral: económica, social, política y moral. En tal situación se teme un estancamiento y retroceso de la inversión educativa. El Contrato Social por la Educación planteó al gobierno de Ecuador un acuerdo nacional para mantener y sostener la inversión educativa, a pesar de la crisis.