Para medir el esfuerzo financiero en educación, se toma el gasto público en educación en proporción al Producto Interno Bruto (PIB) y al presupuesto total de cada país.

La relación con respecto al PIB estima la prioridad macroeconómica que tiene el Derecho Humano a la Educación en cada país, evaluando qué proporción de los recursos disponibles se está destinando a financiarlo frente a otros compromisos sociales. El valor de referencia es un mínimo del 6% del PIB en los países de América Latina y el Caribe, establecido en el Marco de Acción para la Educación 2030 y acordado por los Estados de la región en la Reunión Regional de Ministras/os de Educación de América Latina y el Caribe en Lima, Perú (2014). Este compromiso consta en la Carta de Lima, declaración final del evento.

La proporción del gasto educativo dentro del presupuesto público total mide su prioridad política, al comparar los recursos destinados a garantizar el derecho a la educación con el total de recursos empleados para cumplir todas las obligaciones del Estado. Respecto a este indicador, los Estados de la región acordaron, en dicha Reunión Ministerial de Lima, el compromiso en invertir el 20% del presupuesto público total en educación, valor este que tomamos como referencia.

En esta dimensión se miden los recursos que los gobiernos tienen disponibles anualmente, para garantizar el derecho humano a la educación a cada niño, niña o adolescente en edad escolar. Se estima con respecto a toda la población en edad escolar, de manera que se incluyen no solo aquellos/as que están matriculados/as en el sistema público, sino también los/as que están estudiando en escuelas privadas o se encuentran fuera del sistema, considerándose la pre-primaria, primaria y secundaria.

El valor considerado como el mínimo ideal para este indicador en América Latina y Caribe es de US$7.033,60, tomado como el promedio de este indicador para la mitad de los países de menores ingresos de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) en el año 2010, considerándose la medición en dólares PPP constantes de 2011.

Los 17 países de menores ingresos de la OCDE en el año 2010 son: Francia, Italia, Nueva Zelandia, España, República de Corea, Israel, Grecia, Eslovenia, Portugal, República Eslovaca, República Checa, Hungría, Estonia, Polonia, Chile. México y Turquía.

El acceso a la educación debe ser igual para todas las personas, independientemente de su clase social o nivel de ingresos. Por eso, esta dimensión mensura a cada año los niveles de desigualdad en la asistencia escolar de los/las estudiantes. En esta comparación se tienen en cuenta los datos de jóvenes de 13 a 19 años de la quinta parte más rica y la quinta parte con menos ingresos de la población que vive en las zonas urbanas de cada país.

Como dato de referencia se asume una brecha cero, es decir, se espera que no haya diferencia entre las tasas de asistencia escolar de estudiantes con distintos niveles de ingreso.