Aunque falta alrededor de un tercio de los datos del período, la información existente permite analizar las tendencias de Panamá en materia de financiamiento educativo en relación a su peso en el PIB. Durante el período, el valor máximo se alcanzó en 2000 con 4.76% del PIB, una década y media antes de la firma de los compromisos acordados por los gobiernos de ALC. De esos valores iniciales, se produce una baja tendencial hasta 2015: se retrajo un punto hasta 3.58% en 2004, se mantuvo en 3.5% en 2008 – siguiente año con datos -, 3.16% en 2011 – siguiente año con datos -, una leve alza a 3.4% en 2013 – siguiente año con datos - y finalmente 2.84% en 2015. Ese año la tendencia se detiene, para crecer en 2019 a 3.13%. Este valor es apenas la mitad de la meta establecida del 6%. Durante todo el período analizado el PIB de Panamá se expandió, de modo que la retracción del indicador se debe a un esfuerzo insuficiente de financiamiento en educación por parte del Estado. En relación a la proporción que ocupa este destino como parte del gasto público, la serie de datos disponibles es equivalente a la del anterior indicador. En sintonía, se puede encontrar un comportamiento similar, que parte del máximo valor alcanzado en 2000 (19.83%), el año de mayor cercanía con la meta del 20% establecida años más tarde. El descenso es sostenido hasta 2004 (14.57%), se mantiene estable con una leve alza en el siguiente año con datos disponibles (2008, con 14.89%), vuelve a caer en el siguiente año con datos, 2011, cuando llega a 13.02%, y continúa su descenso hasta 2016, con el piso de 7.47%. Después de alcanzar este bajo valor, el indicador muestra una recuperación lenta pero sistemática, que hace que se llegue a 11.97% del gasto público total en 2021. Este valor está muy lejos – apenas supera la mitad - de la meta del 20%. Panamá no presentó datos sobre inversión en educación de personas jóvenes y adultas en GRALE V (2022). Resulta de la mayor relevancia contar con estos datos de forma completa y por fuentes oficiales para futuras actualizaciones. Panamá muestra datos muy deficientes para poder analizar la dimensión de disponibilidad de recursos por persona en edad escolar. Solo se presenta información para el período 1999 a 2002, y los años 2004, 2007 y 2011. Esto no permite evaluar la trayectoria del indicador, ni hacer un análisis que contemple la situación en tiempos recientes. A pesar de ello, se puede mencionar que la inversión educativa por persona en edad escolar descendió de su valor inicial de 1 691.44 dólares en 1999 a 1 389.24 dólares en 2002, cayó algo más en 2004, llegando al valor mínimo de 1 320.2 dólares. En 2007 se incrementa este valor, llegando a 2 013.46 dólares, valor máximo disponible de la serie. En 2011, se presenta una nueva caída a 1 418.82 dólares. Se trata de valores de referencia muy bajos en relación a los parámetros de la OCDE, apenas un 27% en su mejor momento. Panamá no presentó datos sobre inversión en educación de personas jóvenes y adultas en GRALE, lo que impide calcular la disponibilidad de recursos. Resulta de la mayor relevancia contar con estos datos de forma completa y por fuentes oficiales para futuras actualizaciones. Los datos sobre la equidad por ingreso en el acceso a la educación secundaria presentado por Panamá tienen buena continuidad, considerando que entre 2000 y 2019 solo faltan los años 2010 y 2012. Esto permite evaluar la trayectoria del país en esta materia, que ofrece una visión más bien preocupante de los esfuerzos destinados a mejorar el indicador en cuestión. Entre 2000 y 2001, la brecha de acceso se incrementa, alcanzando un valor máximo de 38.2%. Esto ocurrió por un leve aumento en el acceso del quintil 5 (más rico) y una significativa reducción del quintil 1 (más pobre), que llegó a su valor más bajo en toda la serie (49.4%). A partir de ese año, el acceso del quintil 1 mejoró, aumentando un promedio de 1.8% cada año hasta 2013, llegando a cubrir el acceso del 71% de la población más pobre. Desde ese año y hasta 2019 se presentan oscilaciones en torno a ese nivel, habiendo alcanzado su máximo valor en 2017 (74%). El quintil más rico muestra oscilaciones en el acceso, que van de un piso de 84.9% (2002) y un techo de 95.1% (2017) a lo largo de todo el período. La brecha entre quintiles tuvo su mínimo en 2016 con una diferencia de 15%. Se trata de un guarismo muy elevado, que además se incrementó desde ese año hasta 2019, cuando alcanzó el 21.3%. Respecto a la equidad por ingresos en la EPJA, Panamá muestra una brecha de 33% puntos entre quintiles en 2019, una vez y media la brecha de personas en edad escolar del mismo país, levemente por encima del promedio regional. El 51.1% de las personas de 19 a 24 años del quintil más rico asistían a instituciones educativas –valor levemente menor que la media regional-, mientras que solo el 18.1% de las personas del quintil más pobre lo hacían –por debajo de la media regional. Con respecto a la equidad de género en el acceso escolar, en Panamá ha disminuido el indicador de esta dimensión en un 0,3%. Sin embargo, su situación sigue siendo muy buena. Para el año 2019, asistían a la escuela 101,8 niñas y adolescentes mujeres por cada 100 niños.

Dimensión de esfuerzo financiero público

Gasto público en educación como % del PIB

  • Gasto público en educación

  • /

  • PIB

Fuente: Instituto de Estadísticas de UNESCO (UIS).

Fecha de consulta: 3 de marzo de 2022.

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Datos en millones de dólares a precios corrientes. Fuente: Cálculo cruzado entre Estadísticas sobre Educación e Indicadores de Desarrollo Mundial – Banco Mundial.

Fecha de consulta: 3 de marzo de 2022.

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Datos en millones de dólares a precios corrientes. Fuente: Banco Mundial – Indicadores de Desarrollo Mundial.

Fecha de consulta: 3 de marzo de 2022.

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Panorama Regional

Gasto público en educación como % del Gasto Total

  • Gasto público en educación

  • /

  • Gasto público total

Fuente: Instituto de Estadísticas de UNESCO (UIS).

Fecha de consulta: 4 de mayo de 2022.

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Datos en millones de dólares a precios corrientes. Fuente: Cálculo cruzado entre Estadísticas sobre Educación e Indicadores de Desarrollo Mundial – Banco Mundial.

Fecha de consulta: 3 de marzo de 2022.

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Fuente: Cálculo propio en función de las variables «Gasto público en educación como % del Gasto Total» y «Gasto público en educación».

Fecha de consulta: 4 de mayo de 2022.

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Panorama Regional

Gasto público en educación destinado a EPJA (% sobre el gasto total en educación)

Dimensión de esfuerzo financiero público

Los datos del Sistema de Monitoreo apuntan a desafíos para la región en lo que toca a la dimensión de “esfuerzo financiero público”, considerando la proporción de recursos económicos nacionales que los Estados latinoamericanos y caribeños asignan a los sistemas educativos. No se distingue aquí qué parte de estos recursos son volcados a entidades privadas y cuál al sistema público: solo se trata de la cantidad de recursos que los Estados destinan a financiar la educación. Los datos disponibles del Banco Mundial, del Banco Interamericano de Desarrollo y del Instituto de Estadísticas de la UNESCO (UIS/UNESCO) permiten reconstruir con diverso alcance la situación de los 20 países de la región (Ver gráfico 1), tratándose de la variable con mayor cantidad de datos recientes. De este total, 14 presentan datos hasta 2019, y solo cinco hasta 2020, primer año de la pandemia. Considerando los valores del indicador de gasto en educación respecto del PIB, sólo dos países superaron el valor indicativo del 6% en estos dos últimos años (2019 y 2020): Costa Rica (6.75%) y Cuba (10.41%). En este sentido, el esfuerzo financiero público acordado por los Estados de América Latina y Caribe con la firma de la Agenda de Educación 2030 está lejos de cumplirse en la región.

En relación al valor y la trayectoria del indicador, vale señalar que los dos países que superan la meta acordada tienen un compromiso sostenido en el tiempo. Costa Rica supera sistemáticamente el valor de referencia desde 2009, con un valor máximo en 2017 (7.35%). Por su parte, Cuba supera la meta todos los años de la serie, con un valor máximo en 2008 (14.06%). Brasil, por su parte, no presenta datos en 2019 ni 2020. El último dato disponible para este país es de 2018, cuando alcanzó el 6.09% del PIB, superando la meta como ocurre desde 2015.

Aunque aún no alcanzan el valor comprometido, Chile, Perú y República Dominicana (además de los países listados en la tabla 1) tienen trayectorias ascendentes en su esfuerzo de financiamiento educativo en los últimos años. En el último dato disponible, Chile destinó a educación el 5.43% de su PIB, mientras que Perú (4.25%) y República Dominicana (4.04%) estuvieron más lejos. En un sentido opuesto se encuentran aquellos países cuyo esfuerzo de financiamiento educativo cayó en los últimos años como proporción del PIB. Es el caso de El Salvador, cuyo indicador cae desde 2009; Ecuador y México, que muestran caídas desde 2014; Argentina, que cae desde 2015; y Nicaragua, que cae desde 2017.

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Gasto en Educación como % del PIB

Gasto público en educación como % del Gasto Total

Fuente: Instituto de Estadísticas de UNESCO (UIS).

Fecha de consulta: 4 de mayo de 2022.

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Dimensión de disponibilidad de recursos

Disponibilidad de recursos por persona en edad escolar

  • Gasto público anual en pre-primaria, primaria y secundaria

  • /

  • Población en edad escolar (pre-primaria, primaria y secundaria)

Datos en dólares PPP a precios constantes de 2017. Fuente: Cálculo propio en función de los datos de «Gasto público anual en pre-primaria, primaria y secundaria» y «Población en edad escolar (pre-primaria, primaria y secundaria)».

Fecha de consulta: 10 de marzo de 2022.

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Datos en millones de dólares PPP a precios constantes de 2017. Fuente: Instituto de Estadísticas de UNESCO.

Fecha de consulta: 10 de marzo de 2022.

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Fuente: Instituto de Estadísticas de UNESCO.

Fecha de consulta: 10 de marzo de 2022.

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Panorama Regional

Gasto público en EPJA por persona adulta en el sistema educativo formal

  • Gasto total en EPJA en U$S

  • Población joven y adulta que asiste a la educación formal

Dimensión de disponibilidad de recursos

Esta dimensión permite analizar los recursos que los gobiernos tienen disponibles cada año para garantizar el derecho humano a la educación de niños, niñas y adolescentes en edad escolar. Al considerar a todas las personas en edad escolar, no se distingue entre aquellas que están estudiando en el sistema público de las que lo están en el privado. Asimismo, como se ha mencionado, se incluyen a todas las personas que tienen edad para frecuentar el primer año de preescolar, educación primaria o educación secundaria (incluidas las que están fuera de la escuela), de manera que sea posible identificar los recursos disponibles en cada Estado para cada sujeto de derecho.

Como valor de referencia, se utiliza una aproximación que surge de tomar el valor promedio de la inversión por persona en edad escolar en 2018 de la mitad de los países con menos ingresos de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE). El valor, indicado en dólares a precios constantes en paridad de poder adquisitivo de 2017, es de 7 469.6 dólares.  Esto representa un aumento de la inversión por persona en estos países, puesto que en 2016 destinaban 6 899.4 dólares. De hecho, en la última década se registra un aumento sostenido de los fondos destinados a la educación por persona en estos países. Como queda claro, la vara de comparación no es estática, sino que evoluciona en el tiempo y obliga a los países de ALC a comprometerse de manera dinámica con el financiamiento del derecho humano a la educación.

Lamentablemente, la falta de datos suficientes es más bien una norma en esa dimensión. No hay ningún dato disponible de Cuba, Haití o Venezuela; Honduras y Nicaragua solo tienen dos datos anuales; Paraguay tiene la mitad de los datos. Además, Brasil no provee información suficiente desde 2011, México y Panamá no lo hacen desde 2012, y Bolivia desde 2014. Como se ve, la ausencia de datos claros y completos es una generalidad preocupante, que expresa también la falta de cumplimiento de los compromisos adquiridos por los Estados en relación al financiamiento de la educación.

Considerando los datos disponibles desde el inicio de la serie (en 1998), los países de ALC muestran una tendencia lineal creciente en la asignación de recursos disponibles por persona en edad escolar, aunque casi todos ellos están muy distantes de los valores de referencia de la OCDE. Mientras que en el trienio 1998-2000 el conjunto de los países de la región asignaba en promedio 1 180 dólares por persona en edad escolar, para 2019-2021 esta cifra alcanzó los 2 500 dólares. Es decir, se ha más que duplicado el monto en poco más de dos décadas.

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Recursos por persona en edad escolar

Dimensión de equidad en el acceso escolar

Brecha de desigualdad en asistencia escolar

La primera columna (quintil 5) se refiere a la quinta parte más rica de la población analizada, y la segunda (quintil 1) corresponde al 20% con menos ingresos de la población analizada.

Fuente: CEPAL. Fecha de consulta: 15 de marzo de 2022.

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Panorama Regional

Índice de desigualdad de género en el acceso escolar

Se refiere a la cantidad de mujeres por cada 100 varones entre 13 y 19 años que se encontraba asistiendo a clases en algún establecimiento de enseñanza formal. Fuente: Construcción propia en base a CEPAL. Fecha de consulta: 18 de marzo de 2022.

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Panorama Regional

Brecha de desigualdad en asistencia escolar de personas jóvenes y adultas

Porcentaje de población entre 19 y 24 años que asiste a la escuela, según quintil de ingresos (quintil 5 más rico, y quintil 1 más pobre).

Fuente: CEPAL. Fecha de consulta: 4 de septiembre de 2022.

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Panorama regional

Dimensión de equidad en el acceso escolar

Como es sabido, ALC es una de las regiones más desiguales del mundo. Según el último Reporte Mundial de Desigualdad 2021, se trata de la región más desigual en el reparto de la riqueza (stocks acumulados de bienes), y la tercera en relación a los ingresos (flujos de fondos disponibles). Según ese mismo informe, en ALC, el 10% más rico captura el 77% de la riqueza total de los hogares, el 40% de la población que le sigue tiene el 22% de esa riqueza, mientras que la mitad más pobre de la población apenas se reparte el 1% del total. En materia de ingresos, el 10% más rico se lleva el 55% del ingreso.

Idealmente, no deberían existir diferencias de ningún tipo para la asistencia escolar entre franjas de la población con distintos niveles de ingreso. Sin embargo, no es lo que se detecta con los datos disponibles. Para analizar esta dimensión de equidad, el Sistema de Monitoreo utiliza datos de la CEPAL, que revelan que hay diferencias significativas entre las tasas de asistencia escolar del quintil 5 con ingresos más altos (el 20% de la población con mayores ingresos) y del quintil 1 con ingresos más bajos (el 20% de la población, con menores ingresos). Se toma como base de comparación la población total en la franja de 13 a 19 años de edad, que corresponde a la educación secundaria porque esta es la etapa educativa con las mayores desigualdades en el acceso educativo de la región. En el caso argentino se tomó solamente la población urbana, por no disponer de datos sobre zonas rurales.

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Brecha de asistencia escolar

Desigualdad de género en el acceso escolar

Desigualdad en asistencia escolar de personas jóvenes y adultas

Comentarios generales

Cumplir con el 6% del PIB para tener escuelas dignas y educación de calidad

Por Alianza Pueblo Unido por la Vida, Anadepo y Bastión de lucha del Oriente Chiricano Comarca Ngäbe Buglé y campesino.

La educación es un derecho humano fundamental y no un bien de consumo, los Estados de derecho deben garantizar su universalización, gratuidad, equidad, calidad y exenta de cualquier tipo de discriminación. A pesar de ello, este tema sigue siendo una deuda social pendiente, debido a que Panamá lleva casi más de quince años ininterrumpidos de crecimiento económico por encima del 5% en su PIB. Sin embargo, sigue siendo vergonzosamente uno de los países más desiguales de América Latina y el mundo. Esta desigualdad social y económica producto de las políticas neoliberales también se expresa en un sistema educativo precario y desigual, que no atiende las demandas de los sectores que viven en la pobreza y en la pobreza extrema, concentrados principalmente en los cinturones de miseria de las áreas urbanas, las áreas rurales y las comarcas indígenas, que son víctimas de un sistema educativo excluyente y de profunda inequidad socioeconómica.

La paradoja de este sistema se refleja en los compromisos adquiridos con la UNESCO, donde los Estados miembros se comprometen a invertir el mínimo del 6% del PIB en educación. En cumplimiento con esta obligación, el Estado panameño aprobó la Ley 34 de 1995, que fue la primera reforma significativa de la ley 47 Orgánica de Educación de 1946, sobre la descentralización del sistema educativo que incluía entre otras cosas: la gratuidad y obligatoriedad de 11 grados (Básica General) para los estudiantes de ese nivel; la responsabilidad del Estado panameño en el artículo 266 de la mencionada ley, de aportar al presupuesto del sistema educativo el 6% del PIB y en el caso de los Municipios, el 20% de su presupuesto para financiar la Educación Básica General. En el 2021 la población en edad escolar del país fue de 1 024 103 niños, niñas y adolescentes entre 4 y 17 años, el 23.7% de la población del país. Han transcurrido 27 años y los diversos gobiernos que se han sucedido en el poder no cumplido con este compromiso por el bienestar de la niñez, la adolescencia, la juventud y la sociedad panameña

FUNDAMENTACIÓN JURÍDICA

CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE PANAMÁ

CAPÍTULO 5º EDUCACIÓN

ARTICULO 95. La educación oficial es gratuita en todos los niveles preuniversitarios. Es obligatorio el primer nivel de enseñanza o educación básica general. La gratuidad implica para el Estado proporcionar al educando todos los útiles necesarios para su aprendizaje mientras completa su educación básica general. La gratuidad de la educación no impide el establecimiento de un derecho de matrícula pagada en los niveles no obligatorios.

LEY 47 ORGÁNICA DE EDUCACIÓN DE 1946.

ARTÍCULO 1:

La educación es un derecho y un deber de la persona humana, sin distingo de edad, etnia, sexo, religión, posición económica, social o ideas políticas. Corresponde al Estado el deber de organizar y dirigir el servicio público de la educación, a fin de garantizar la eficiencia y efectividad del sistema educativo nacional, que comprende tanto la educación oficial, impartida por las dependencias oficiales, como la educación particular, impartida por personas o entidades privadas.

ARTÍCULO 8 (3-A):

La educación es una inversión social y debe beneficiar a todos los estratos de la sociedad. A tal efecto, para su financiamiento se dispondrá de los recursos suficientes, tanto del sector oficial como del privado.

ARTÍCULO 266 (205):

El presupuesto para atender la educación del país responderá a las necesidades y exigencias del sistema educativo, y tendrá prioridad en el presupuesto general del Estado. A partir de la entrada en vigencia de la presente Ley, el Estado establecerá un aumento proporcional y progresivo de los fondos del presupuesto anual del Estado, para cumplir eficientemente con el desarrollo cuantitativo y cualitativo del sistema educativo. Para estos fines, el Estado proporcionará las facilidades técnicas y los recursos para propiciar e impulsar la educación inicial, básica general, media y superior oficial. En el caso del Ministerio de Educación, el presupuesto será calculado en base al costo por alumno en el bienio anterior y la matrícula escolar potencial en el bienio para el cual se calcula el presupuesto. El presupuesto del Ministerio de Educación no será inferior al presupuesto del año anterior, y el gasto público en el sector educativo no será inferior al seis por ciento (6%) del producto interno bruto del año anterior.

DECRETO EJECUTIVO Nº 878 de 27 de septiembre de 2016 en su considerando establece:

“Que en función a lo establecido en el ordenamiento jurídico, le corresponde al Estado proporcionar al educando todos los útiles necesarios para su aprendizaje, mientras complete su educación básica general, asegurando que todos los estudiantes reciban educación oportuna y de calidad, por lo que el presupuesto destinado al Ministerio de Educación debe estar encaminado a atender eficientemente todas las necesidades y exigencias del sistema educativo, de conformidad con lo estipulado en los artículos 262 y 266 del Texto Único de la Ley 47 de 1946, Orgánica de Educación”.

Por todo lo anterior, se presenta la siguiente solicitud: cumplir con la ley orgánica de educación y asignar el 6% del PIB. en el presupuesto general del estado a partir del año 2023.

Carencia de los centros escolares

  Escuelas Oficiales Colegios Oficiales
Agua potable 40.2% 32.5%
Suministro de energía eléctrica 36.9% 20.3%
Bibliotecas 87.5% 84.2%
Laboratorios de informática 80.6% 54.0%
Laboratorio de ciencias 94.6% 36.0%
Laboratorio de Biología 84.0%
Laboratorio de Química 81.0%
Laboratorio de Física 85.0%  
Gimnasios 97.4% 91.5%
Enfermería 98.8% 82.0%
Comedores escolares 41.0%
Internados 98.8% 99.1%

En base a datos de Meduca 2016.

▪ En los salones especiales (pre media y media), existen: 52 de mecánica, 24 talleres de artes industriales, 38 salones de educación para el hogar, 30 laboratorios de idiomas.

▪ En los salones especiales (pre media y media), existen: 52 de mecánica, 24 talleres de artes industriales, 38 salones de educación para el hogar, 30 laboratorios de idiomas.

 

Propuestas para un uso eficiente del 6% del PIB en educación

➢ Cumplir de manera expedita con el compromiso de entregar el 6% para educación (MEDUCA).

➢ Erradicar las 1200 aulas ranchos que existen en la geografía nacional, por escuelas dignas.

➢ Garantizar el abastecimiento de agua y la dotación de baños dignos.

➢ Finalizar las obras inconclusas y las reparaciones pendientes.

➢ Construcción, reconstrucción y reparación de nuevos centros educativos en MEDUCA y el IPHE, al igual que espacios deportivos debido al crecimiento demográfico y evitar así el hacinamiento escolar.

➢ Garantizar una educación inclusiva, equitativa y de calidad y promover oportunidades de aprendizaje durante toda la vida para todos, estableciendo una política educativa en materia de una verdadera inclusión que responda al derecho humano a la educación para la población en condiciones de discapacidad.

➢ Poner en funcionamiento los comedores escolares, así como los internados en todo el país donde sea necesario.

➢ Equipar los laboratorios de física, química, biología, ciencias naturales, ciencias sociales, idiomas, tecnologías, comercio y turismo. De 108 bachilleratos en Ciencias, 76 no tienen laboratorios.

➢ La construcción de laboratorios de ciencia e informática con internet de banda ancha, al igual que internet satelital para las áreas de difícil acceso.

➢ La renovación de talleres modernos en los IPT y la adquisición urgente de insumos, herramientas y materiales para prácticas de taller.

➢ Eliminar la burocracia del fondo de Equidad y Calidad de la Educación (FECE) para hacer más expedita su utilización, estableciendo una comisión para desburocratizar este proceso.

➢ La creación de un modelo de compra y contratación que sustituya al sistema de Panamá Compra, por ser un sistema de fuga de recursos escolares para compras más caras y de menor calidad. Además, excluir del convenio marco de Panamá la compra a todos los centros educativos y establecer medidas de control sobre el uso de los recursos y la rendición de cuentas.

➢ Descentralizar el sistema educativo, tal como lo establece la ley 50 de 1 de noviembre de 2002 sobre descentralización educativa.

➢ La necesidad de crear una poderosa estructura de investigación sobre los procesos educativos para generar datos confiables, para planificar la política educativa.

➢ El pago de deudas pendientes de muchos años en concepto de nombramientos, sobresueldos, viáticos de difícil acceso, ascenso de categorías y otros.