Cumplir con el 6% del PIB para tener escuelas dignas y educación de calidad

Por Alianza Pueblo Unido por la Vida, Anadepo y Bastión de lucha del Oriente Chiricano Comarca Ngäbe Buglé y campesino.

La educación es un derecho humano fundamental y no un bien de consumo, los Estados de derecho deben garantizar su universalización, gratuidad, equidad, calidad y exenta de cualquier tipo de discriminación. A pesar de ello, este tema sigue siendo una deuda social pendiente, debido a que Panamá lleva casi más de quince años ininterrumpidos de crecimiento económico por encima del 5% en su PIB. Sigue siendo vergonzosamente uno de los países más desiguales de América Latina y el mundo. Esta desigualdad social y económica, producto de las políticas neoliberales, también se expresa en un sistema educativo precario y desigual, que no atiende las demandas de los sectores que viven en la pobreza y en la pobreza extrema, concentrados principalmente en los cinturones de miseria de las áreas urbanas, las áreas rurales y las comarcas indígenas, que son víctimas de un sistema educativo excluyente y de profunda inequidad socioeconómica.

La paradoja de este sistema se refleja en los compromisos adquiridos con la UNESCO, donde los Estados miembros se comprometen a invertir el mínimo del 6% del PIB en educación. En cumplimiento con esta obligación, el Estado panameño aprobó la Ley 34 de 1995, que fue la primera reforma significativa de la ley 47 Orgánica de Educación de 1946, sobre la descentralización del sistema educativo que incluía entre otras cosas: la gratuidad y obligatoriedad de 11 grados (Básica General) para los estudiantes de ese nivel; la responsabilidad del Estado panameño en el artículo 266 de la mencionada ley, de aportar al presupuesto del sistema educativo el 6% del PIB y en el caso de los Municipios, el 20% de su presupuesto para financiar la Educación Básica General. En el 2021 la población en edad escolar del país fue de 1 024 103 niños, niñas y adolescentes entre 4 y 17 años, el 23.7% de la población del país. Han transcurrido 27 años y los diversos gobiernos que se han sucedido en el poder no cumplido con este compromiso por el bienestar de la niñez, la adolescencia, la juventud y la sociedad panameña

FUNDAMENTACIÓN JURÍDICA: CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE PANAMÁ, CAPÍTULO 5º – EDUCACIÓN

ARTICULO 95: La educación oficial es gratuita en todos los niveles preuniversitarios. Es obligatorio el primer nivel de enseñanza o educación básica general. La gratuidad implica para el Estado proporcionar al educando todos los útiles necesarios para su aprendizaje mientras completa su educación básica general. La gratuidad de la educación no impide el establecimiento de un derecho de matrícula pagada en los niveles no obligatorios.

LEY 47 ORGÁNICA DE EDUCACIÓN DE 1946.

ARTÍCULO 1: La educación es un derecho y un deber de la persona humana, sin distingo de edad, etnia, sexo, religión, posición económica, social o ideas políticas. Corresponde al Estado el deber de organizar y dirigir el servicio público de la educación, a fin de garantizar la eficiencia y efectividad del sistema educativo nacional, que comprende tanto la educación oficial, impartida por las dependencias oficiales, como la educación particular, impartida por personas o entidades privadas.

ARTÍCULO 8 (3-A): La educación es una inversión social y debe beneficiar a todos los estratos de la sociedad. A tal efecto, para su financiamiento se dispondrá de los recursos suficientes, tanto del sector oficial como del privado.

ARTÍCULO 266 (205): El presupuesto para atender la educación del país responderá a las necesidades y exigencias del sistema educativo, y tendrá prioridad en el presupuesto general del Estado. A partir de la entrada en vigencia de la presente Ley, el Estado establecerá un aumento proporcional y progresivo de los fondos del presupuesto anual del Estado, para cumplir eficientemente con el desarrollo cuantitativo y cualitativo del sistema educativo. Para estos fines, el Estado proporcionará las facilidades técnicas y los recursos para propiciar e impulsar la educación inicial, básica general, media y superior oficial. En el caso del Ministerio de Educación, el presupuesto será calculado en base al costo por alumno en el bienio anterior y la matrícula escolar potencial en el bienio para el cual se calcula el presupuesto. El presupuesto del Ministerio de Educación no será inferior al presupuesto del año anterior, y el gasto público en el sector educativo no será inferior al seis por ciento (6%) del producto interno bruto del año anterior.

DECRETO EJECUTIVO Nº 878 de 27 de septiembre de 2016 en su considerando establece: “Que en función a lo establecido en el ordenamiento jurídico, le corresponde al Estado proporcionar al educando todos los útiles necesarios para su aprendizaje, mientras complete su educación básica general, asegurando que todos los estudiantes reciban educación oportuna y de calidad, por lo que el presupuesto destinado al Ministerio de Educación debe estar encaminado a atender eficientemente todas las necesidades y exigencias del sistema educativo, de conformidad con lo estipulado en los artículos 262 y 266 del Texto Único de la Ley 47 de 1946, Orgánica de Educación”.

Por todo lo anterior, se presenta la siguiente solicitud: cumplir con la ley orgánica de educación y asignar el 6% del PIB. en el presupuesto general del estado a partir del año 2023.

Carencia de los centros escolares:

Fuente: base a datos de Meduca 2016.

▪ En los salones especiales (pre media y media), existen: 52 de mecánica, 24 talleres de artes industriales, 38 salones de educación para el hogar, 30 laboratorios de idiomas.

▪ En los salones especiales (pre media y media), existen: 52 de mecánica, 24 talleres de artes industriales, 38 salones de educación para el hogar, 30 laboratorios de idiomas.

Propuestas para un uso eficiente del 6% del PIB en educación:

➢ Cumplir de manera expedita con el compromiso de entregar el 6% para educación (MEDUCA).

➢ Erradicar las 1200 aulas ranchos que existen en la geografía nacional, por escuelas dignas.

➢ Garantizar el abastecimiento de agua y la dotación de baños dignos.

➢ Finalizar las obras inconclusas y las reparaciones pendientes.

➢ Construcción, reconstrucción y reparación de nuevos centros educativos en MEDUCA y el IPHE, al igual que espacios deportivos debido al crecimiento demográfico y evitar así el hacinamiento escolar.

➢ Garantizar una educación inclusiva, equitativa y de calidad y promover oportunidades de aprendizaje durante toda la vida para todos, estableciendo una política educativa en materia de una verdadera inclusión que responda al derecho humano a la educación para la población en condiciones de discapacidad.

➢ Poner en funcionamiento los comedores escolares, así como los internados en todo el país donde sea necesario.

➢ Equipar los laboratorios de física, química, biología, ciencias naturales, ciencias sociales, idiomas, tecnologías, comercio y turismo. De 108 bachilleratos en Ciencias, 76 no tienen laboratorios.

➢ La construcción de laboratorios de ciencia e informática con internet de banda ancha, al igual que internet satelital para las áreas de difícil acceso.

➢ La renovación de talleres modernos en los IPT y la adquisición urgente de insumos, herramientas y materiales para prácticas de taller.

➢ Eliminar la burocracia del fondo de Equidad y Calidad de la Educación (FECE) para hacer más expedita su utilización, estableciendo una comisión para desburocratizar este proceso.

➢ La creación de un modelo de compra y contratación que sustituya al sistema de Panamá Compra, por ser un sistema de fuga de recursos escolares para compras más caras y de menor calidad. Además, excluir del convenio marco de Panamá la compra a todos los centros educativos y establecer medidas de control sobre el uso de los recursos y la rendición de cuentas.

➢ Descentralizar el sistema educativo, tal como lo establece la ley 50 de 1 de noviembre de 2002 sobre descentralización educativa.

➢ La necesidad de crear una poderosa estructura de investigación sobre los procesos educativos para generar datos confiables, para planificar la política educativa.

➢ El pago de deudas pendientes de muchos años en concepto de nombramientos, sobresueldos, viáticos de difícil acceso, ascenso de categorías y otros.