El Esfuerzo Financiero Público en educación se mide a través de dos indicadores:  a) comparación del gasto público en educación con el Producto Interno Bruto (PIB) de cada país; y b) comparación del gasto público en educación con el presupuesto total de cada país.

El primer indicador (gasto público en educación/PIB) estima la prioridad macroeconómica que tiene el Derecho Humano a la Educación en cada país, evaluando qué proporción de los recursos disponibles se está destinando a financiarlo frente a otros compromisos sociales. El valor de referencia adoptado es el 6% del PIB, establecido en el Marco de Acción para la Educación 2030 y ratificado por los Estados de América Latina y el Caribe en la Reunión Regional de Ministras/os de Educación de la región (Carta de Lima, 2014).

El segundo indicador (gasto público en educación/presupuesto público total) mide la prioridad política dada a la educación, al comparar los recursos destinados a garantizar ese derecho con el total de recursos empleados para cumplir todas las obligaciones del Estado. Respecto a este indicador, los Estados de la región acordaron, en dicha Reunión Ministerial de Lima, el compromiso en invertir en educación el 20% del presupuesto público total, valor que se toma como referencia.

En la última actualización de este Sistema de Monitoreo (2022), los datos de esos dos indicadores se obtuvieron de la base de datos del Instituto de Estadísticas de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UIS/UNESCO). En el caso de Cuba, el dato de gasto público total se tomó de la Oficina Nacional de Estadísticas e Información de la República de Cuba (ONEI).

En 2022, por primera vez, se ha incluido en esta dimensión una variable asociada a la Educación de Personas Jóvenes y Adultas (EPJA). El instrumento que se utiliza para este indicador es la pregunta sobre porcentaje del gasto público en educación que se destina a la EPJA (gasto público en EPJA/gasto público total en educación), disponible en el Informe Mundial sobre el Aprendizaje y la Educación de Adultos  V (GRALE V, según sus siglas en inglés), publicado en el 2022. En este caso no se adoptan valores de referencia, ya que no hay acuerdos internacionales sobre el tema. Asimismo, no todos los Estados disponibilizan dicha información en las bases de datos internacionales.

La dimensión de la Disponibilidad de Recursos se centra en observar los recursos públicos disponibles para cada persona en edad escolar. Es una medida per cápita del presupuesto educativo disponible, teniendo en cuenta no solamente a quienes se encuentran en la escuela, sino también a aquellas personas que aún no han sido incorporadas al sistema educativo.

Las informaciones de esta dimensión se presentan en dólares PPP a precios constantes de 2017, y resultan de un cálculo cruzado entre el Gasto en Educación calculado a partir del PIB (Banco Mundial – Indicadores de Desarrollo Mundial) y la distribución porcentual del gasto educativo por los niveles preprimaria, primaria y secundaria, según datos del Instituto de Estadísticas de UNESCO, y dividiéndose posteriormente este valor por la población en edad escolar, según datos también del UIS/UNESCO.

El valor considerado como referencia para este indicador en América Latina y Caribe es de US$ 7,469.63, tomado como el promedio de este indicador para la mitad de los países de menores ingresos de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) en el año 2018 (medición en dólares PPP constantes).

En la actualización de 2022 se incorporó un indicador sobre EPJA a la dimensión de Disponibilidad de Recursos. Para ello, se tomó específicamente el cálculo del Esfuerzo Financiero en EPJA – obtenido en la dimensión Esfuerzo Financiero Público –, valorizada en dólares y dividida entre la población joven y adulta que efectivamente asistió al sistema educativo formal de educación básica. Este indicador puede interpretarse como la inversión del Estado en educación por persona adulta que se educó en el último año en el sistema formal obligatorio. Vale resaltar que, si bien esta aproximación sobreestima la inversión pública por persona – porque contabiliza la inversión en EPJA en todas sus formas y la divide solo por la parte vinculada a la educación formal –, ella ofrece una estimación puntual de utilidad. Tal como ocurrió con la dimensión de esfuerzo financiero, aquí los datos escasean, debido a la baja tasa de respuesta de los países al Informe GRALE.

El acceso a la educación debe ser igual para todas las personas, independientemente de su clase social o nivel de ingresos. La dimensión Equidad en el Acceso Escolar mide, a cada año, los niveles de desigualdad en la asistencia escolar de las y los estudiantes a partir de tres indicadores.

El primer indicador mide la Desigualdad de Asistencia Escolar entre quintiles, es decir, entre niños, niñas, asdolescentes y jóvenes de 13 a 19 años de la quinta parte más rica (quintil 5) y la quinta parte con menos ingresos (quintil 1) de la población en cada país. La información de asistencia escolar por rango de edad, zona y quintiles de ingreso se obtuvo de la base de datos de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL). Para este indicador, se consideró al total de la población, y no sólo a la población urbana, pues si lo que se está queriendo medir es inequidad, no considerar a la población rural (que, en general, se encuentra en una situación más vulnerable que la población urbana) sería subestimar el problema. Como dato de referencia se asume una brecha cero, es decir, se espera que no haya diferencia entre las tasas de asistencia escolar entre estudiantes con distintos niveles de ingreso.

En el año 2022 se incoporaron por primera vez al sistema de monitoreo de CLADE dos nuevos indicadores: Desigualdad en asistencia escolar de personas jóvenes y adultas y Desigualdad de género en asistencia escolar. El primer indicador compara la asistencia escolar del quintil más rico (quintil 5) en relación al quintil más pobre (quintil 1), teniendo en cuenta a las personas jóvenes y adultas de 19 a 24 años. La base de datos utilizada para calcular el indicador es la misma de la CEPAL que se ha mencionado y el dato de referencia también es una brecha cero. Finalmente el indicador de equidad de género mide a la cantidad de mujeres por cada 100 varones entre 13 y 19 años que se encontraba asistiendo a clases en algún establecimiento de enseñanza formal. Según los estándares internacionales se considera que la asistencia escolar es equitativa en términos de género cuando la cantidad de niñas y adolescentes mujeres por cada 100 niños y adolescentes varones está entre 97 y 103 (UNICEF, 2020).