Dimensión de esfuerzo financiero público
Para medir el esfuerzo financiero en educación, se toma el gasto público en educación en proporción al Producto Interno Bruto (PIB) y al presupuesto total de cada país.
La relación con respecto al PIB estima la prioridad macroeconómica que tiene el Derecho Humano a la Educación en cada país, evaluando qué proporción de los recursos disponibles se está destinando a financiarlo frente a otros compromisos sociales. El valor de referencia es un mínimo del 6% del PIB en los países de América Latina y el Caribe, establecido en el Marco de Acción para la Educación 2030 y acordado por los Estados de la región en la Reunión Regional de Ministras/os de Educación de América Latina y el Caribe en Lima, Perú (2014). Este compromiso consta en la Carta de Lima, declaración final del evento.
La proporción del gasto educativo dentro del presupuesto público total mide su prioridad política, al comparar los recursos destinados a garantizar el derecho a la educación con el total de recursos empleados para cumplir todas las obligaciones del Estado. Respecto a este indicador, los Estados de la región acordaron, en dicha Reunión Ministerial de Lima, el compromiso en invertir el 20% del presupuesto público total en educación, valor este que tomamos como referencia.
Gasto público en educación como % del PIB
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Gasto público en educación
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PIB
Fuente: Instituto de Estadísticas de UNESCO (UIS).
Fecha de consulta: 9 de julio de 2018.
Datos en millones de dólares a precios corrientes. Fuente: Cálculo cruzado entre Estadísticas sobre Educación e Indicadores de Desarrollo Mundial – Banco Mundial.
Fecha de consulta: 9 de julio de 2018.
Datos en millones de dólares a precios corrientes. Fuente: Banco Mundial – Indicadores de Desarrollo Mundial.
Fecha de consulta: 9 de julio de 2018.
Panorama Regional
Gasto público en educación como % del Gasto Total
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Gasto público en educación
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Gasto público total
Fuente: Instituto de Estadísticas de UNESCO (UIS).
Fecha de consulta: 9 de julio de 2018.
Datos en millones de dólares a precios corrientes. Fuente: Cálculo cruzado entre Estadísticas sobre Educación e Indicadores de Desarrollo Mundial – Banco Mundial.
Fecha de consulta: 9 de julio de 2018.
Fuente: Banco Interamericano de Desarrollo (BID).
Fecha de consulta: 9 de julio de 2018.
Panorama Regional
Dimensión de disponibilidad de recursos
En esta dimensión se miden los recursos que los gobiernos tienen disponibles anualmente, para garantizar el derecho humano a la educación a cada niño, niña o adolescente en edad escolar. Se estima con respecto a toda la población en edad escolar, de manera que se incluyen no solo aquellos/as que están matriculados/as en el sistema público, sino también los/as que están estudiando en escuelas privadas o se encuentran fuera del sistema, considerándose la pre-primaria, primaria y secundaria.
El valor considerado como el mínimo ideal para este indicador en América Latina y Caribe es de US$7.033,60, tomado como el promedio de este indicador para la mitad de los países de menores ingresos de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) en el año 2010, considerándose la medición en dólares PPP constantes de 2011.
Los 17 países de menores ingresos de la OCDE en el año 2010 son: Francia, Italia, Nueva Zelandia, España, República de Corea, Israel, Grecia, Eslovenia, Portugal, República Eslovaca, República Checa, Hungría, Estonia, Polonia, Chile. México y Turquía.
Disponibilidad de recursos por persona en edad escolar
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Gasto público anual en pre-primaria, primaria y secundaria
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Población en edad escolar (pre-primaria, primaria y secundaria)
Datos en dólares PPP a precios constantes de 2011. Fuente: Cálculo cruzado entre el Gasto en Educación calculado a partir del PIB (Banco Mundial – Indicadores de Desarrollo Mundial) y la población en edad escolar, según datos del Instituto de Estadísticas de UNESCO.
Fecha de consulta: 9 de julio de 2018.
Datos en millones de dólares PPP a precios constantes de 2011. Fuente: Cálculos propios a partir de Instituto de Estadísticas de UNESCO y Gasto Público en Educación calculado a partir de PIB (Banco Mundial – Indicadores de Desarrollo Mundial). Incluye el gasto no localizado por nivel educativo.
Fecha de consulta: 9 de julio de 2018.
Fuente: Instituto de Estadísticas de UNESCO.
Fecha de consulta: 9 de julio de 2018.
Panorama Regional
Dimensión de equidad en el acceso escolar
El acceso a la educación debe ser igual para todas las personas, independientemente de su clase social o nivel de ingresos. Por eso, esta dimensión mensura a cada año los niveles de desigualdad en la asistencia escolar de los/las estudiantes. En esta comparación se tienen en cuenta los datos de jóvenes de 13 a 19 años de la quinta parte más rica y la quinta parte con menos ingresos de la población que vive en las zonas urbanas de cada país.
Como dato de referencia se asume una brecha cero, es decir, se espera que no haya diferencia entre las tasas de asistencia escolar de estudiantes con distintos niveles de ingreso.
Brecha de desigualdad en asistencia escolar
La primera columna (quintil 5) se refiere a la quinta parte más rica de la población analizada, y la segunda (quintil 1) corresponde al 20% con menos ingresos de la población analizada.
Fuente: CEPAL. Fecha de consulta: 9 de julio de 2018.
Panorama Regional
Comentarios generales
Por la Campaña Peruana por el Derecho a la Educación
Aun cuando el gobierno anterior y el actual se le den prioridad y suban los montos destinados a la Educación, estos no logran pasar el 4% del PIB y el 18% del presupuesto público, pues el punto de partida fue bajo. La educación tuvo un incremento de S/. 1,250 millones el 2018, pero ese aumento no alcanza los estándares exigidos en acuerdos mundiales y regionales.
Una de las dificultades para que se incremente esa inversión puede explicarse por un descenso del crecimiento económico en el país por casi una década. Llegándose a alcanzar un crecimiento de 9.3% en el 2008, desde el 2014, en cambio, ese crecimiento fue de apenas 2.35%, subiendo al 4.0% en el 2018.
Estudios demuestran que hay dos grandes brechas por cerrar en la educación pública en Perú, la de infraestructura y la del desarrollo docente, y las dos demandan una inmensa inversión que es necesario planificar. Solo 3 de 10 colegios estatales cuentan con servicios de luz, agua y desagüe. El 75% de la secundaria pública urbana cuenta con esos servicios básicos, pero solo el 12% de la secundaria rural cuenta con ellos. Se calcula que una mejora sustantiva de la infraestructura educativa demandaría una inversión entre el 11% y 20% del PIB.
A ese diagnóstico obtenido el 2015, se añade el daño o destrucción de miles de escuelas a causa de los desbordes e inundaciones que afectaron extensas áreas de la Costa y Sierra del país a comienzos del 2017. Esto ha obligado a considerar presupuestos específicos para refaccionar o construir nuevos centros educativos en el programa denominado Reconstrucción con Cambio.
Los bajos salarios de los y las docentes (USD 400 mensuales en promedio) los colocan entre los peores pagados de la región, hecho que fue la principal razón de la huelga magisterial que duró casi dos meses en el 2017. El gobierno se ha comprometido a programar alzas para que ese salario se duplique al 2021.
Es necesario que se continúe con la política educativa actual, lo que implica cumplir con los actuales compromisos y mantener un incremento sostenido del presupuesto para la educación, aún si no se produjera el crecimiento esperado. Pero también se requiere una mejor gestión de los gastos en educación, pues el Ministerio de Educación reportaba, hasta agosto de 2017, el 52.8% de avance de ejecución de gasto, comportamiento similar al de años anteriores. Y si bien hay mucha información disponible sobre gasto público en el país, no siempre es posible acceder a la información sobre la distribución del gasto, particularmente en infraestructura.
Contar con más recursos para la educación implica, entre otras medidas, lograr una mayor recaudación fiscal. Esta se ha mantenido casi estable aún en épocas de bonanza; de otro lado, hay más presión por recaudar los impuestos indirectos que los directos, política que debe modificarse. Lo que necesitamos como país es un pacto social por el que esa recaudación aumente para que podamos gastar más en educación y en los otros sectores que necesitan más inversión. Es necesario garantizar montos que nos permitan avanzar gradualmente hacia el pleno ejercicio de todos los derechos humanos universales, en coherencia con el compromiso de implementar la Agenda de Desarrollo Sostenible 2030 asumido por el Estado peruano.