Por la Campaña Peruana por el Derecho a la Educación

Aun cuando el gobierno anterior y el actual se le den prioridad y suban los montos destinados a la Educación, estos no logran pasar el 4% del PIB y el 18% del presupuesto público, pues el punto de partida fue bajo. La educación tuvo un incremento de S/. 1,250 millones el 2018, pero ese aumento no alcanza los estándares exigidos en acuerdos mundiales y regionales.

Una de las dificultades para que se incremente esa inversión puede explicarse por un descenso del crecimiento económico en el país por casi una década. Llegándose a alcanzar un crecimiento de 9.3% en el 2008, desde el 2014, en cambio, ese crecimiento fue de apenas 2.35%, subiendo al 4.0% en el 2018.

Estudios demuestran que hay dos grandes brechas por cerrar en la educación pública en Perú, la de infraestructura y la del desarrollo docente, y las dos demandan una inmensa inversión que es necesario planificar. Solo 3 de 10 colegios estatales cuentan con servicios de luz, agua y desagüe. El 75% de la secundaria pública urbana cuenta con esos servicios básicos, pero solo el 12% de la secundaria rural cuenta con ellos. Se calcula que una mejora sustantiva de la infraestructura educativa demandaría una inversión entre el 11% y 20% del PIB.

A ese diagnóstico obtenido el 2015, se añade el daño o destrucción de miles de escuelas a causa de los desbordes e inundaciones que afectaron extensas áreas de la Costa y Sierra del país a comienzos del 2017. Esto ha obligado a considerar presupuestos específicos para refaccionar o construir nuevos centros educativos en el programa denominado Reconstrucción con Cambio.

Los bajos salarios de los y las docentes (USD 400 mensuales en promedio) los colocan entre los peores pagados de la región, hecho que fue la principal razón de la huelga magisterial que duró casi dos meses en el 2017. El gobierno se ha comprometido a programar alzas para que ese salario se duplique al 2021.

Es necesario que se continúe con la política educativa actual, lo que implica cumplir con los actuales compromisos y mantener un incremento sostenido del presupuesto para la educación, aún si no se produjera el crecimiento esperado. Pero también se requiere una mejor gestión de los gastos en educación, pues el Ministerio de Educación reportaba, hasta agosto de 2017, el 52.8% de avance de ejecución de gasto, comportamiento similar al de años anteriores. Y si bien hay mucha información disponible sobre gasto público en el país, no siempre es posible acceder a la información sobre la distribución del gasto, particularmente en infraestructura.

Contar con más recursos para la educación implica, entre otras medidas, lograr una mayor recaudación fiscal. Esta se ha mantenido casi estable aún en épocas de bonanza; de otro lado, hay más presión por recaudar los impuestos indirectos que los directos, política que debe modificarse. Lo que necesitamos como país es un pacto social por el que esa recaudación aumente para que podamos gastar más en educación y en los otros sectores que necesitan más inversión. Es necesario garantizar montos que nos permitan avanzar gradualmente hacia el pleno ejercicio de todos los derechos humanos universales, en coherencia con el compromiso de implementar la Agenda de Desarrollo Sostenible 2030 asumido por el Estado peruano.